La OA, que tiene la doble función de controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y de impulsar investigaciones sobre corrupción, nunca antes había sido auditada. La evaluación fue aprobada por la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas del Congreso –que es la que instruye a la AGN– como parte del Plan Operativo Anual 2018 y debe analizar en desempeño del organismo: sus funciones, acciones y el respaldo documental de todo. Antes de iniciar la auditoría propiamente, existe una etapa de "análisis preliminar" que en este caso aún no se pudo superar. ¿Qué es lo que la OA se niega a entregar? El listado de sus manuales de procedimiento, guías de trabajo y las listas de denuncias presentadas ante la justicia, las denuncias recibidas y su estado actual. "De permitirse la negativa de proveer acceso a la información (…) se estaría impidiendo que la AGN cumpla con las funciones que la Constitución le otorga. Asimismo se obstruiría la posibilidad de que la sociedad civil ejerza un control efectivo sobre la acción estatal; y se dificultaría la función de Control Externo del sector Público Nacional a cargo del Poder Legislativo…", dice la demanda que le tocó al juez Enrique Lavié Pico, que fue revelada por los periodistas Juan Amorín y Ariel Zak en C5N y el portal Cenital.
Alonso acumula otras denuncias. La más reciente, a partir de una denuncia de la diputada Gabriela Cerruti, y con impulso del fiscal Ramiro González, es por haber admitido que la OA no se presenta como querellante en causas contra funcionarios de Macri. Alonso dijo en una entrevista con Luis Majul: "Nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas porque para que me acusen de encubridora o de ir a embarrar las causas de la corrupción (mejor) que la lleven adelante los jueces fiscales". La auditoría es anterior a estos dichos, de abril de este año, pero muestra las preferencias de la OA a la hora de investigar. Otra denuncia penal contra Alonso, puso la lupa en la contratación por parte de la OA de una consultora llamada Consuasor (vinculada al PRO), cuyos dueños –Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giudice– fueron contratados en forma personal supuestamente para camuflar un vínculo comercial no registrado. También tuvieron contratos en los ministerios de Trabajo, Justicia, Medio Ambiente, Defensa, con el senador Federico Pinedo y con el Gobierno de Salta.
La decisión de presentar el amparo fue tomada por unanimidad por el directorio de la AGN, que integran, además del peronista Lamberto, también por el PJ, Javier Fernández, Graciela De la Rosa y Juan Forlón, y Jesús Rodríguez y Alejandro Nievas por la UCR y Gabriel Mihura Estrada por el Frente Renovador. "Nunca llegué a esta vía como presidente de la auditoría y llevo 700 realizadas. No hay ninguna animosidad contra la OA sino que nunca había sido auditada. Es un error que retaceen la información porque de un modo u otro la auditoría la vamos a hacer. No somos la policía del Gobierno, sólo queremos un Estado mejor", dijo Lamberto a este diario.
Entre las excusas que cuestiona Lamberto, la OA había dicho que antes de contestar quería "las preguntas de los cuestionarios" pero también el proyecto, los objetivos y los resultados que esperaban obtener de la auditoría. O sea, dice, la AGN, "alteró los roles auditor-auditado". Es por eso que la Auditoría señaló la "falta de colaboración, su accionar para dilatar el aporte de documental para finalmente no cumplir lo requerido". Ahora habrá que ver cuál es la respuesta judicial ante este escenario.
