El dinero sucio nace de un ilícito como el narcotráfico, y es diferente del dinero en negro que nace de la evasión fiscal.” En principio, dicha distinción entre tipos de dinero delictivos no parece demasiado relevente.
La frase, no obstante, fue pronunciada por Santiago Mignone, socio de Servicios Financieros de PriceWaterhouseCoopers, una de las firmas que audita al Grupo Clarín, durante un seminario dedicado sobre lavado de activos y encierra una cuestión cara a los intereses del establishment de contadores y abogados que asesora a las grandes corporaciones: la reciente incorporación en la legislación local de la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero. Por si quedaban dudas acerca de su postura, el ejecutivo citó palabras del titular del GAFI en 2009: “Si quien blanquea sólo dejó de pagar impuestos pero su dinero proviene de una fuente lícita, no tenemos nada que decir.”
Del mismo modo que abrió paso a mayores controles sobre las transacciones financieras, la nueva legislación también suscitó una dura respuesta de los “especialistas” en materia tributaria que buscan, a partir de la reglamentación de la norma, eliminar la evasión como delito precedente del lavado. En tal sentido, un proyecto de ley “correctiva” se abre paso en el Congreso, tras la media sanción de los senadores.
En función de ello, los “especialistas” aprovechan cada simposio para criticar la ley y a la UIF, en medio de un aparente debate académico, pero que en realidad encierra enormes intereses económicos. Muchas empresas mantienen fondos en el exterior que resultan hartos difíciles de explicar a partir de sus ingresos declarados. Y ahí hay que buscar parte de las críticas que suscitó la nueva ley, ya que de ahora en más no hace falta dar con la ruta del dinero, basta probar que no estaba declarado. En medio de este escenario, uno de los críticos más ácerrimos es Juan Marteau, (ver recuadro aparte), que trabaja para el Grupo Clarín. Sus dardos apuntan principalmente a las facultades de la UIF, y a su supuesta falta de autonomía política. No obstante, esas críticas poco o nada tienen que ver lo académico. ¿Por qué? Sabido es que la UIF denunció al multimedios por el presunto fraude a los jubilados en relación a una maniobra con las AFJP. Pero además, el ex banquero del JP Morgan, Hernán Arbizu denunció al holding que conduce Héctor Magnetto por presunto lavado de dinero a través de operaciones “back to back” por U$S 600 millones. También esta sospechada de radicar firmas en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos.
