En efecto, el Estado y las distribuidoras piensan que no es mala idea dejar para el 2007 lo que en principio pudo haber tenido lugar a mediados de diciembre. A las distribuidoras les provoca cierta inquietud que la audiencia pudiera producirse en medio de la campaña electoral. Recuerdan como si fuera ayer lo ocurrido en 2001, cuando en circunstancias similares, el proselitismo llevó a la convalidación una baja de la tarifa eléctrica en vez de la suba requerida.
Por su parte, el Estado considera que lo que ocurra con el consumo en el verano próximo, el nuevo escenario que allí se fuere a inaugurar, puede llegar a ser central en una discusión que quiere dar cuanto antes con las distribuidoras: la gestión de demanda. Es decir, cómo optimizar los niveles de consumo. Complementariamente, los funcionarios consultados especulan con que una audiencia a días de las fiestas de Navidad y fin de año podría derivar en una menguada participación, lo que se considera inconveniente.
En rigor, las distribuidoras y fundamentalmente las cooperativas necesitan un aumento de tarifas. Incluso, más de una empresa piensa destinar la diferencia de ingresos a conformar una partida que sirva para atender eventuales emergencias estivales. A cambio de esos recursos que no llegarían, las cooperativas estarían pensando en requerir una compensación o subsidio al Estado.
Por otra parte, el Estado sabe que las distribuidoras han trabajado arduamente en una presentación que aspira a actualizar el cuadro tarifario porque, sencillamente, necesitan de esos dineros como el campo de la lluvia en plena sequía. Justamente por eso, no ha hallado aún la manera de plantear el asunto, por temor a que se produzcan fuertes resistencias.
