Asimismo, López Arango expresó su solidaridad, como así también la del Consejo Directivo y la Comisión de Género de la institución que preside, para con ellos, y enfatizó la necesidad de que se realicen, dentro del ámbito de la legalidad y con amplia libertad, por parte de los jueces y fiscales, este tipo de investigaciones, relacionadas con delitos que implican – ni más ni menos – vulneraciones de normas constitucionales, de tratados internacionales de DDHH, amén de las disposiciones del Código Penal Argentino y que afectan la dignidad de las personas. De allí la necesidad de que sean aclarados estos hechos.
También mencionó que este tipo de procedimiento llevado a cabo por la fiscal Penón y ordenado por el juez Rondoni Caffa, en el ejercicio de sus funciones, no puede jamás utilizarse como justificativo de parte del personal policial de la Jefatura Departamental de Policía de Federación, ni por ninguna otra repartición, para no atender llamadas por violencia de género u otros casos urgentes, debiendo arbitrarse los medios para tales efectos.
Ayer Maslein emitió un comunicado donde cuestionó “la llamativa manera en que una fiscal de esa ciudad decidió invadir el edificio de esa jefatura, mediante una orden de allanamiento, utilizando además el apoyo numeroso de una fuerza federal quienes empuñaban armas de hombro para apropiarse del sitio, tal si fuera una maniobra de asalto táctico, siendo que se trataba de una dependencia pública que está al servicio de la comunidad”.
Finalmente, López Arango auspició una investigación libre y sin interferencias para el pronto esclarecimiento de los hechos.
