Los representantes de las escuelas confesionales piden que se reemplace totalmente el art. 98º del anteproyecto de ley, y se establezca una escala de aportes económicos del Estado, a saber: cobertura del 100 % de los gastos a escuelas privadas “que educan a alumnos de sectores sociales desfavorecidos, cuyas familias no pueden solventar mediante un arancel mensual una parte de dichos costos”; del 100 % para pago de salarios docentes y no docentes de establecimientos “que sean propiedad de organizaciones sociales sin fines de lucro”; y las escuelas que hoy no reciben subvención oficial, se las podrá asistir ‘si acreditasen verdadera necesidad”.
El argumento que esgrimen es que “todos los entrerrianos tienen derecho a que el Estado aporte fondos para el sostenimiento de la escuela que eligieron para sus hijos, siempre y cuando la escuela elegida integre el sistema público; es decir, cumpla con las exigencias estipuladas por el Estado y esté autorizada”.
Como recalcó DIARIOJUNIO lo que puede prestarse a confusión es que si bien todas las familias tienen derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, a lo que no tienen derecho es a reclamar que el Estado financie sus proyectos privados. Las escuelas confesionales quedan bajo el manejo absoluto de la curia, incluso en la elección de sus docentes.
Por otra parte, cabe recordar que los legisladores se reunieron al efecto con los representantes de los sindicatos docentes AMET, UDA y SADOP, quienes han hecho llegar por escrito una serie de aportes. El único agrupamiento que no concurrió a una reunión con los legisladores para tratar aspectos centrales de la Educación, fue Agmer.
