La asignación mensual por hijo, que se aplicará por decreto, generó repercusiones cruzadas por las posiciones políticas e ideológicas: desde los elogios oficialistas del ministro Amado Boudou –“es brillante”, dijo–, o del gobernador Daniel Scioli considerando –es la medida “más importante de los últimos tiempos”–, hasta la denuncia de Elisa Carrió, quien dijo que se había “perpetrado una trampa”, acotando que el beneficiario directo del decreto sería el titular de la CGT, Hugo Moyano. Precisamente, en las filas sindicales del líder camionero consideraron a la medida como “revolucionaria” y la Central de Trabajadores de la Argentina no dudó en calificar de “trascendental” la asignación otorgada con fondos de la ANSES y solicitar otras medidas similares para el esquema que define como “blindaje social”.
El ministro de Economía tuvo un sutil mensaje a la oposición: “Otros proyectos que andaban dando vueltas no tenían en cuenta el financiamiento, eran una ilusión”. Mientras tanto, la Iglesia se refirió a una “muy positiva” decisión y aclaró que estudiará el decreto para compararlo con la propuesta eclesiástica: “Que la asignación para la niñez sea universal ya es importante”, dijo Gabriel Castelli, director nacional de Cáritas Argentina.
El titular de la CGT, Hugo Moyano, que estuvo presente en el Salón de la Mujer durante el anuncio, calificó como “revolucionaria” esa decisión y acotó: “Es una reparación para aquellos que tienen necesidades. No es justicia, porque la justicia es cuando el hombre tiene trabajo”.
Por su parte, el gobernador Daniel Scioli consideró que “es la medida más importante de los últimos años, desde que (Juan) Perón creó las asignaciones familiares no existía un cambio social de esta magnitud en la Argentina”. El mandatario pronosticó que el decreto beneficiará a miles de familias bonaerenses.
Juan Zabaleta, subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Economía de la Nación, resaltó la protección hacia los sectores que menos tienen y apuntando a la oposición dijo: “Están aquellos que siempre hacen política desde la mezquindad, minimizando las acciones de gobierno sin conocer su contenido o pidiendo que se otorguen beneficios sin tener los recursos que se necesitan para afrontar la inversión”.
En esa misma tónica, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, ponderó el beneficio “para cada niño que nazca en la Argentina, sea del lugar que sea”.
En tanto, el diputado nacional Ariel Basteiro aclaró que si bien la medida, por sí sola, no termina con la pobreza, “la deja en knock out y abre la posibilidad para que todos los menores en Argentina puedan acceder a un ingreso, siempre y cuando cumplan con la educación formal y los controles de salud”, insistió.
Martín Sabbatella, diputado electo por Nuevo Encuentro, también se refirió al decreto: “Se trata de un paso importantísimo que permite que millones de personas con hijos dejen de estar marginadas de ese derecho al que hoy sólo acceden los trabajadores en blanco”, consideró el diputado electo. “Con esta medida se revierte una injusta discriminación que padecían millones de niños y niñas”, opinó.
Otro legislador de la Cámara baja, del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), Eduardo Macaluse, en tono crítico expresó: “Hemos reclamado una asignación de carácter universal financiada por los que más tienen y no una propuesta focalizada financiada por los trabajadores activos y pasivos”.
Para el economista y legislador nacional Claudio Lozano será necesario esperar los efectos del decreto para un análisis puntual.
“Se trata de un nuevo plan que se agrega a los ya existentes. No es universal y tiene un financiamiento regresivo, en el que los bajos haberes jubilatorios financian la ampliación de una cobertura social para los pibes más postergados y su alcance y eficacia sólo podrá evaluarse en el futuro”, agregó Lozano.
Las diputadas nacionales Cecilia Merchán y Victoria Donda (Libres del Sur) calificaron a la decisión como “acertada” e instaron a continuar por esa senda, “la asignación universal por hijo era un histórico reclamo de las organizaciones, de la CTA y de múltiples sectores”.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, celebró hoy que la oposición “le ha hecho comprender” a la presidenta Cristina Fernández “que lo primordial son las cuestiones sociales”. Francisco de Narváez (diputado electo de Unión PRO) en tono crítico disparó: “Una vez más el Gobierno eludió el debate enriquecedor y recurrió al siempre sospechado mecanismo del decreto de necesidad y urgencia. Sin consultar ni al Congreso ni a las provincias, el kirchnerismo reafirma su desprecio por las instituciones”.
El diputado nacional Felipe Solá observó “un cambio de actitud del Gobierno”, que de esta forma “accede al reclamo que veníamos realizando la oposición y la Iglesia”.
Y la titular de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, definió a la medida como “una trampa”.
“Es un acuerdo con el jefe de la CGT, Hugo Moyano, para que el camionero tenga clientes también en los desocupados”, aseguró.
Fuente: BAE
