Una vez más, Argentina y Uruguay se encontrarán en la Justicia internacional para dirimir cuestiones relacionadas a la instalación ilegal de la pastera UPM, y el aumento unilateral de su producción.
Anoche, los asambleístas se reunieron para definir cuáles serán las acciones a seguir, luego de conocida la noticia del aumento de la producción.
Luego de más de una hora de debate, definieron realizar una caravana el próximo domingo. La movilización comenzará con una concentración a las 15 horas en Arroyo Verde y luego se hará la caravana al Puente Internacional “en signo de protesta por el aumento de producción de la pastera”.
Al respecto el ambientalista Juan Veronesi expresó: “La Asamblea quiere que la gente sepa que Gualeguaychú sigue firme en el primer reclamo, que está relacionado al desmantelamiento de la planta de celulosa”.
Asimismo, recordó que “en La Haya se había acordado una producción anual de 1 millón de toneladas y ya están produciendo 1.3 millones de toneladas al año y con pleno respaldo del gobierno uruguayo”.
En el mismo sentido, Veronesi reclamó por la “falta de cumplimiento de los medidores de aire y la falta de controles en general respecto al funcionamiento de la pastera Botnia. Queremos resaltar la falta de información y de difusión del monitoreo a Botnia. Nunca dieron a conocer ningún informe realizado por los científicos de ambos países”, sentenció.
Repudio generalizado
El gobernador, Sergio Urribarri, dijo que la “actitud del Uruguay resulta desconcertante” y que el gobierno provincial suscribe “totalmente la decisión del gobierno nacional de denunciar ante La Haya el incumplimiento uruguayo de la sentencia del Tribunal ya que han autorizado el incremento de la producción de la planta de UPM sin respetar el protocolo conjunto para implementar esas decisiones”.
Por su parte, el intendente Juan José Bahillo, opinó que “la única alternativa es La Haya. Lamentablemente Uruguay actuó de mala fe, y se agotaron todas las instancias diplomáticas de diálogo por culpa de posiciones cerradas, obtusas, que no dejan otra alternativa que la de ir a la Justicia” y agregó: “Es lamentable que pase esto con un país vecino y hermano, pero es evidente que el gobierno uruguayo antepone intereses de una empresa a los intereses comunes de la región, y prioriza a Botnia-UPM por sobre la hermandad de los pueblos y sobre el medio ambiente”.
También se expresaron los senadores nacionales por Entre Ríos. El senador del Frente para la Victoria, Pedro Guastavino presentó un proyecto de resolución en apoyo a la decisión del Gobierno Argentino de recurrir nuevamente a la Corte Internacional de La Haya y aseguró que “la decisión unilateral, inconsulta y definitiva tomada por el Gobierno Uruguayo no deja más opción que volver a la Corte de La Haya. Esta decisión no es más que otro gesto inamistoso de parte del país vecino y es lamentable que un gobierno pierda la racionalidad por la presión de una multinacional”.
Por su parte, el senador del PRO, Alfredo De Ángeli, dijo que “el problema es la contaminación, no cuánto produce” y recordó que “la lucha contra las papeleras lleva años y tenemos desde 2010 un fallo de la Corte internacional que obliga al monitoreo conjunto permanente dentro de la planta”.
Recordemos que desde hace cuatro se realizan controles en la planta UPM, pero hasta el momento, nunca fueron publicados. El Comité Científico Binacional –compuesto por científicos de ambos países- es quien debe emitir el informe ambiental sobre el funcionamiento de la planta.
