Asimismo, exigió “que el control se realice en forma abierta y pública, con la participación de los más calificados científicos y con las universidades argentinas y uruguayas”
“Ante las versiones periodísticas que señalan que la República Oriental del Uruguay estaría impulsando el Monitoreo de la planta de Botnia-UPM y las zonas aledañas del río Uruguay con la participación de Brasil y Chile, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú expresa su enérgico rechazo a esa pretensión”, señala un documento de prensa enviado a APF.
“Esa postura no se encuadra en lo establecido en el Considerando 281 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que ratifica el “deber de cooperar” y fija la obligación de “un monitoreo continuo” en la planta industrial de Botnia-UPM, subrayando el rol que le cabe a la CARU, conforme al Estatuto del río Uruguay”, continúa el texto.
Asimismo, la Asamblea planteó que “no corresponde dar intervención a otros países cuando estamos en presencia de un conflicto binacional que lleva siete años, que no hemos originado y que ha sido producto exclusivo de la violación al Tratado que fija la forma de aprovechamiento de un curso que es binacional y Uruguay pretende explotar como propio en forma absolutamente ilegal como la propia CIJ reconoció”.
En ese sentido, consideró que “esa pretensión sólo pretende dilatar el cumplimiento de la normativa existente, postergar el conflicto y esmerilar un reclamo pacífico derivado del carácter ilegal y contaminante de Botnia-UPM”.
Por último, los miembros de la Asamblea exigieron “que el control se realice en forma abierta y pública, con la participación de los más calificados científicos y con las universidades argentinas y uruguayas que garanticen la absoluta transparencia y rigor del control”.
