“Hasta el momento lo que se está manejando como posibilidad es proponerle al gobierno de la Nación una serie de reclamos de vieja data de parte de la asamblea y fundamentalmente exigirle al gobierno uruguayo la implementación de controles dentro de la planta de Botnia para recabar las pruebas que están faltando para que exista la posición en los jueces y una sanción que determine el desmantelamiento o la relocalización de la planta fuera de la cuenca del río Uruguay”, señaló el abogado.
Esa postura va de la mano de un corrimiento de la protesta que la asamblea lleva a cabo en la ruta 136 por un plazo de 45 días. “Tiene que ver con que los presidentes cuando se reunieron en Anchorena estimaron un plazo de 60 días para implementar el control sobre Botnia y en el río Uruguay”, precisó. “Ya han transcurrido 15 días de modo que quedan 45 por delante”, señaló.
El más significativo de los avances sobre la asamblea lo constituye la presentación como querellante ante la Justicia Penal Federal de Concepción del Uruguay por parte del gobierno nacional. “Hace más de un año venimos soportando una verdadera andanada de distintos planos del gobierno, de algunos lugares de la prensa nacional y de intereses económicos muy concretos que, cabalgando sobre la crítica al corte de ruta, en realidad buscan demoler la lucha”, sostuvo.
Asimismo, Fernández sostuvo que están esperando poder evaluar de forma completa el contenido y adelantó que se trazará tanto una estrategia defensiva como de ataque en el plano jurídico. “No tenemos conocimiento de quienes son las personas alcanzadas por estas acciones del gobierno nacional ni el contenido, ni el alcance público”, señaló. Debido a que la fiscal María de los Milagros Squivo evitó pronunciarse sobre la denuncia, Fernández también sostuvo que no se sabe si va a ver un requerimiento de parte de la Fiscalía.
Fernández también indicó que están promoviendo el diálogo con el juez Federal subrogante Gustavo Pimentel debido a que con el anterior, Guillermo Quadrini, en varias ocasiones se reunió con los asambleístas. “En un marco de informalidad tenemos disposición de diálogo partiendo de la base que este es un conflicto social y ambiental que no se va a dirimir en los tribunales sino que esto necesariamente corresponde a la política y a los presidentes de Argentina y Uruguay”, manifestó.
De cualquier forma, manifestó que publicaron una carta abierta dirigida al juez y a la fiscal planteando la posibilidad de encontrarse. “Pero no como parte de un expediente penal sino como actores sociales en medio conflicto ambiental que moviliza a las comunidades y en el que las herramientas del Código Penal no alcanzan para comprender la complejidad de una causa de este tipo”, indicó.
