Giano empezó desde hace un tiempo a recorrer las calles de Concordia con la mira en 2023. Bajar recursos y apoyos de la provincia es su principal activo, lo que es visto con recelo por el municipio que gobierna quien sería su principal adversario en las internas, el actual intendente Alfredo Francolini.
El diputado provincial sabe que si no disputa la interna el año que viene perderá la militancia que ya se guardó dos veces las ganas de salir a pintar paredes con su nombre. También conoce la situación social en la ciudad: el empobrecimiento afecta a la clase media, como en el resto del país y como nunca antes. Los salarios por debajo de la canasta básica elevan los guarismos a más del 50% de pobreza.
“Hoy es el peor momento del peronismo de Concordia” reconocen desde su círculo más íntimo a Letra P y piden que los que tienen imagen negativa se corran y le den lugar a un perfil como el del Flaco: moderado y dialoguista, pero sobre todo, dicen, conciliador como Bordet.
Giano le avisó a Bordet que no está en su radar disputar una candidatura provincial y que apostará a la que considera su última chance en su terruño, luego de los renunciamientos de los últimos dos turnos electorales para sostener la unidad del peronismo local.
La presidencia de la Cámara baja lo ubica en el tercer lugar en la cadena de mandos provincial, lugar que ostenta para mostrar su cercanía con Bordet, con quien lo une una amistad de muchísimos años. Desde allí, asume las batallas más difíciles en nombre del gobernador. Aunque conduce un cuerpo legislativo con mayoría oficialista -lo que le bastaría para sacar las leyes que el gobierno quiera- Giano se encarga de que la unanimidad sea la regla.
Con esa impronta, impuso en los últimos meses el tratamiento de dos proyectos de ley clave para sacudir el avispero del poder judicial local: la creación de una Fiscalía Anticorrupción, que ya fue sancionado, y la modificación de la ley que regula al Consejo de la Magistratura.
Esta última iniciativa despertó durísimas críticas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil pero especialmente de una de las partes interesadas, la Universidad Nacional del Litoral con asiento en Santa Fe, que quedaría excluida de representación si el proyecto avanza tal como lo presentó Giano, pero él insiste en que es lo que corresponde. “Tenés que ir a cinco leyes para entender cómo funciona el Consejo de la Magistratura, es necesario ordenar un texto único” explica ante la consulta de Letra P.
Desde 2004, y con la regulación actual, el Consejo de la Magistratura selecciona jueces y juezas de la provincia. “La justicia que tenemos salió de ahí, hay que cambiarla y mejorar la transparencia, la composición y la representación” enumera, aunque evita referirse a términos como politización de la justicia o judicialización de la política.
Cuando habla de mejorar la representación, Giano pide cuestionar la de la sociedad civil en el Consejo, hoy en manos de Federación Agraria Argentina (FAA) y el Consejo Empresario entrerriano. “¿Ellos de verdad representan los intereses de la sociedad civil entrerriana?” se preguntó ante este medio.
Según la Constitución provincial, la sociedad civil debería dar su mandato en este órgano a través de organizaciones no gubernamentales que defiendan los Derechos Humanos. “¿FAA y el Consejo Empresario defienden los derechos humanos?”, insiste Giano.
A pesar de la polémica, este medio pudo saber que no habrá resistencias en el recinto legislativo, y que las objeciones que presentó la oposición serán atendidas y negociadas. Además, el proyecto ya cosechó los apoyos del Colegio de la Abogacía, la Asociación gremial y el Superior Tribunal de Justicia, quienes le hicieron saber a Bordet que acompañarán la reforma.
