El reconocido organismo de DD.HH, que nació en diciembre de 1975 y actualmente patrocina a distintas víctimas del espionaje ilegal del macrismo, afirma que “todo periodista es libre de escribir y decir lo que quiera” pero que “no es libre, en cambio, de participar de delitos penales, lo mismo que cualquier ciudadano. No es libre de extorsionar empresarios o participar de operaciones ilícitas de espionaje o de falsificar pruebas judiciales. Hay periodistas que han sido señalados como partícipes de esos delitos y la sociedad necesita que las instituciones funcionen a pleno. Que tengan todas las garantías pero que los procesos avancen hacia la verdad de los hechos”.
El comunicado se titula: “Necesitamos que la Justicia condene las violaciones a los Derechos Humanos, incluso cuando sus responsables fueran periodistas”.
Si bien la asamblea no brinda nombres específicos de periodistas afirma que ve “con mucha preocupación el lobby del grupo Clarín y periodistas que acompañan a los implicados y que pretenden ponerse fuera del alcance de la legalidad». «Ya nos pasó una vez. No dejemos que se repita”, agrega.
Consultado por este medio, el co-presidente de la APDH, Guillermo Torremare, señaló que el disparador del comunicado “está dado por el involucramiento de periodistas tanto en la llamada ‘guerra judicial’ como en la cobertura y blindaje de conductas gubernamentales que implican violaciones a Derechos Humanos. La idea del comunicado fue decir que la libertad de expresión no debe ser una autorización para esas prácticas”.
