La conclusión es que ha habido una evidente inacción del gobierno provincial que condujo a esta situación generalizada de usurpaciones, las que ahora pretende disimular mediante falsas imputaciones.
En segundo lugar, en la reunión de gabinete del día de ayer la Provincia anuncia que será creada una oficina en la CASFEG, destinada a hacer un relevamiento de las necesidades habitacionales de Concordia.
He aquí una nueva muestra de amnesia e inacción. Cabe recordar a estos funcionarios, que el 22 de julio de 2004, o sea hace más de dos años, el IAPV anunció con bombos y platillos la implementación del Registro Único de Demanda y Banco Social de Tierras.
Otra conclusión es que al día de hoy esta medida es ya anacrónica y sólo sirve para dilapidar recursos que podrían tener mejor destino, puesto que dicho relevamiento ya ha sido hecho por la Municipalidad y está a disposición de los organismos provinciales que lo requieran.
En tercer lugar su amnesia les impide recordar la sanción de la Ley 9661 del 19 de diciembre de 2005, que autorizó a la CASFEG a comprar tierras con destino al Programa de Emergencia Habitacional de la Ciudad de Concordia, con un presupuesto de UN MILLÓN Y MEDIO. Cabe destacar que en la medida de sus posibilidades, esta Comuna siempre se ha ocupado de retribuir o premiar dicha conducta, sea con descuentos por pago anticipado, sea con sorteos especiales. Los buenos ejemplos deben ser conocidos émulos
O sea que está la ley y están los recursos (si no han tenido otro destino) pero nada se ha hecho. Y de nuevo confrontamos con la inacción del gobierno provincial, pero con el agravante de que esta situación crítica carece de alguna justificación y demuestra a las claras una total ineficiencia e incapacidad de los funcionarios responsables, cuando ya contaban con todos los elementos pertinentes.
En definitiva: la Policía no intervino cuando debería haberlo hecho, el IAPV no cumplió con la implementación del Registro Único y el Banco de Tierras, y la CAFESG no puso en marcha el Plan de Emergencia Habitacional, pese a contar con los fondos.
Y entonces resulta obligatorio formular la pregunta del millón: ¿De quién dependen estos tres organismos, de la Municipalidad de Concordia o de la Provincia de Entre Ríos? La conclusión corre por cuenta de la ciudadanía.
Pero más allá de la inacción e ineficiencia para manejar esta situación, debemos admitir que hay lamentablemente una cuestión política, ya que es sintomático que estas cuestiones se desencadenen en tiempos electorales y que el único perjudicando resulte ser precisamente al sector de la sociedad más carenciado y necesitado de la solidaridad estatal.
EN DEFINITIVA, SI EL GOBIERNO PROVINCIAL NO RESUELVE LA SITUACIÓN EN EL CORTO PLAZO (ES DECIR SI LA CASFEG NO PONE EN MARCHA EL PROGRAMA DE EMERGENCIA HABITACIONAL), EN LA REUNIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL DE AYER SE HA RESUELTO QUE LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA SE HAGA CARGO INTEGRALMENTE DE ESTE PROBLEMA PROVINCIAL, YA QUE AQUÍ NO BASTA CON IMPEDIR LAS USURPACIONES: DEBEMOS PONER EN FUNCIONAMIENTO INMEDIATAMENTE UN PROGRAMA QUE RESUELVA LA CUESTIÓN DE FONDO.
JUAN CARLOS CRESTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
