Concretamente, el Registro de Operadores de Granos es una herramienta esencial para el control de la evasión por parte del organismo que comanda Ricardo Echegaray. La misma posibilita contar con un universo acotado y verificado que componen los integrantes de la cadena de comercialización de granos. La suspensión del registro implica la pérdida de beneficios de alícuotas diferenciales por retenciones a las exportaciones para aquellos operadores que muestren una incorrecta conducta fiscal, tal como los casos señalados, consigna Tiempo Argentino.
La notificación de la AFIP implica que las cerealeras deberán regularizar su situación ante el fisco. En caso de no hacerlo, serán excluidas del Registro de Operadores de Granos. Cabe aclarar que, en caso de ser excluidas estas empresas, sus ventas de granos que realicen en el mercado interno no tendrán más una retención del Impuesto a las Ganancias de sólo el 2%, sino que se retendrá el 15% y en el IVA el 10,5 %. Asimismo, se les limitará la cantidad de Cartas de Porte autorizadas por parte de la AFIP.
Hace poco tiempo la AFIP sancionó con similar medida a la multinacional DuPont, pero en ese caso por sus responsabilidades con casos descubiertos de trabajo esclavo.
A finales del mes de enero, el fisco nacional resolvió suspender la licencia de aduana domiciliaria a DuPont Argentina SRL, al comprobar que la empresa controla bala cerealera multinacional Pioneer Argentina SRL, denunciada por la AFIP por trabajo esclavo y evasión. “Si bien la multinacional realiza más de 2800 operaciones con el mercado internacional, por un monto aproximado de 115 millones de dólares, la AFIP resolvió suspenderle la licencia porque dejó de ser un operador confiable”, aseguró por entonces Echegaray.
En el caso de DuPont, los funcionarios constataron que los trabajadores rurales cobraban $ 97 diarios, pero esa cantidad se les pagaba al finalizar todo el trabajo, tras descontar dinero por causas como el daño de las plantas manipuladas por los peones. Ninguno de los trabajadores conocía cómo DuPont medía ese daño, por lo que, en definitiva, no sabía cuánto cobraría. Además, los trabajadores no tenían permitido abandonar el predio hasta que terminasen el trabajo, y no disponían de agua potable para beber y cocinar.
Según pudo averiguar este diario en fuentes con conocimiento del caso, las cerealeras disponen de 60 días para aclarar todos los planteos de la AFIP, que están basados en varios artículos de la Resolución General 2300, que prevén sanciones a los infractores del registro.
