Los encuentros se iniciarán con representantes de la construcción y de la industria textil “para defender el empleo registrado y combatir la evasión previsional”.
Con la iniciativa se busca consensuar las presunciones de Seguridad Social, que son valores criterio objetivos que establecen la cantidad mínima de empleados necesarios para concretar un trabajo en la actividad comercial e industrial.
En ese sentido, el director de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, explicó a Buenos Aires Económico que la intención de estas reuniones es “crear valores criterios de manera consensuada con el sector empresarial y el trabajador”, que luego permitirán realizar “presunciones”.
Así, ante “determinada situación se sabrá que se debería haber tenido determinada cantidad de empleados”, detalló el funcionario.
Las fiscalizaciones se organizarán de manera conjunta con las autoridades del Ministerio de Trabajo, quienes confirmaron a este diario que están analizando los pasos a seguir.
La AFIP contará para esa tarea con la labor de cerca de 2.000 fiscalizadores especialmente capacitados para este fin, que previamente habían sido empleados de las extintas AFJP.
En 2009 se relevaron 65.000 empleadores y más de 120.000 empleados, y se pudo advertir que el 25 % del personal tenía algún tipo de irregularidad en su situación laboral. Según se indicó, en las fiscalizaciones realizadas en lo que va del año, ese porcentaje se mantuvo.
Desde el sector empresario se mostraron entusiasmados con la iniciativa.
El secretario de la Confederación General Económica de la República Argentina (CGERA) y el titular de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines, Raúl Zylbersztein, señaló al diario Argentino que celebra “todas las iniciativas que tiendan a blanquear el trabajo, por la cuestión social y por la competencia desleal que significan los que tienen trabajadores en negro”.
El empresario afirmó que esta decisión responde a una advertencia realizada por los propios industriales, que veían que a la hora de realizar las fiscalizaciones había cosas que quedaban afuera de lo estrictamente relevado pero que daba la pauta de cuestiones que no estaban completamente en regla.
“En las inspecciones que se hacen a las empresas textiles lo que veíamos era que se buscaba que todo el personal que esté ahí esté en blanco, pero no verificaban qué cantidad de máquinas tienen, o la relación entre la cantidad de tela pedida, la entregada y la vendida. Nosotros sabemos qué es lo que una empresa necesita como mínimo para trabajar. Eso lo hemos advertido y ésta es la respuesta”, detalló Zylbersztein
En ese sentido, Sánchez afirmó que una vez que se establezcan estos parámetros, se podrá extender en el tiempo el “poder fiscalizador”.
“Hasta ahora, cuando fiscalizamos estamos en el lugar y en el momento, pero pasado ese momento se acabó el riesgo para el empleador. Esta herramienta permite que el riesgo subsista”, expuso el funcionario.
Y a modo de ejemplo mencionó: “Si nos encontramos con un edificio construido y esos empleadores declaran que nunca contrataron trabajadores, vamos a presumir que ahí hubo empleo no registrado”.
