Durante la tarde se conoció que la Dirección General de Aduanas inició una investigación tras la denuncia del Estado de Bolivia contra el Gobierno de Mauricio Macri por haber apoyado con material bélico al golpe de Estado contra Evo Morales.
La investigación busca determinar “la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019”. Por otro lado, según revelaron fuetes oficiales, “El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la DGA” .
Explicaron que “las dos pesquisas abiertas por el organismo que encabeza Silvia Traverso buscan aportar a la investigación judicial de los hechos”. La investigación de Aduanas “se propone determinar la eventual existencia de un delito en el egreso y posterior reingreso de las armas de fuego y otros materiales controlados”.
“La pesquisa se inició a partir de la divulgación de la carta de agradecimiento de autoridades militares del Estado Plurinacional de Bolivia por el envío de ‘material bélico'” a la administración de Jeanine Añez para reprimir protestas populares ante el golpe contra Evo Morales. La carta de agradecimiento, que según el actual Gobierno de Luis Arce es auténtica, fue enviada por el entonces jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara, al exembajador en La Paz Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo de Jujuy.
– Denuncia contra la administración de Macri por colaborar en el Golpe de Bolivia
Este jueves se produjo la denuncia por parte de canciller boliviano, Rogelio Mayta, quien reveló que la administración de Macri proveyó de manera clandestina “material bélico” al régimen de Jeanine Añez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales.
Luego fue un informe oficial y preliminar del Ministerio de Seguridad que constató “inconsistencias” en el envío de material y armamento policial del gobierno de Macri a Bolivia. En este sentido, Frederic estableció un plazo no mayor a 72 horas para realizar un “análisis exhaustivo sobre las posibles responsabilidades de autoridades y agentes federales” en los hechos. El informe oficial demuestra “inconsistencia entre lo autorizado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (el exRenar) y lo autorizado y registrado por la Policía boliviana”.
