Las personas que requieren del suministro continuo de electricidad para poder vivir son identificados como ‘electrodependientes’. Dentro de esta caracterización se incluyen a aquellas personas con discapacidad que padecen enfermedades permanentes o crónicas diagnosticadas, cuyo tratamiento adecuado demanda un mayor consumo de energía eléctrica al requerir equipamiento o infraestructura especial.
Un proyecto que presentó en el Senado, que cuenta con dictamen de las comisiones de Salud y Población y Desarrollo Humano, propone asegurar la prestación de un servicio estable y continuo de energía eléctrica por medio de la exención de pago del suministro a personas con discapacidad consideradas electrodependientes.
“En nuestro país existen personas con discapacidad que requieren de la asistencia médica a través de un equipo eléctrico que los asista permanentemente y que, por razones obvias, no pueden dejar de utilizar o alterar el modo de consumir el servicio eléctrico como forma de paliar los enormes costos que significan los aumentos tarifarios impulsados recientemente por gobierno nacional”, indicó Kunath.
Las personas que debido a su afección dependen de la energía eléctrica para preservar su vida y su salud se encuentran dentro de la definición amplia de la ley 22.431 que establece un Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, y deben ser contempladas en ese marco.
Cabe recordar que en varias provincias ya existen normas protectoras para las personas con discapacidad y electrodependientes. Entre Ríos, mediante un subsidio creado por Decreto 817/03 se asiste a los clientes que son afectados por problemas de salud y que necesitan utilizar equipos que cuentan con un alto consumo eléctrico mediante un descuento equivalente al monto de 800 kWh bimestrales, valorizados al último escalón del cuadro tarifario, que se destina a reducir el importe básico de la factura, antes de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones.
“Es por esto que resulta prioritario el tratamiento en el Congreso de esta iniciativa con la que se espera que la situación en la que las personas electrodependientes se ven inmersas no quede en manos de las empresas distribuidoras del servicio de electricidad, sino en el Estado, quien a través de los canales correspondientes y medios necesarios, debe garantizarles el acceso a la salud y a una vida digna”, mencionó la legisladora nacional.
