“Queremos que el gobierno nos responda cuándo se dará cumplimiento a lo resuelto por la Cámara Federal, de qué manera se determinará la partida presupuestaria correspondiente para la restitución de las pensiones del año 2016 en adelante y cuál será el nuevo circuito administrativo para regir el trámite que antes estaba normado por la Resolución 268/2018”, afirmó Kunath.
Y añadió: “Las medidas que habían sido tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional, demuestran un posicionamiento que se encuentra en contradicción con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante el dictado de la ley 26.378”.
La legisladora entrerriana aseveró en los fundamentos que “resulta indispensable una respuesta del Estado en línea con lo dictaminado en el fallo de la Cámara, con una normativa reglamentaria que resulte beneficiosa para este colectivo de personas, que se adecúe a los estándares de Derechos Humanos y sin que una interpretación restrictiva posibilite excesos en su aplicación que impidan una tutela adecuada de sus derechos”.
“Es importante destacar que previo al dictado de sentencia, la Agencia Nacional de Discapacidad ha emitido la resolución N° 39/2019, mediante la cual se implementa un nuevo circuito y formularios para los Certificados Médicos Oficiales que certifiquen la invalidez laboral, estableciendo un sistema de Certificado Médico Oficial Digital (CMOD), mediante un Trámite a Distancia (TAD) y seguidamente dictó la Resolución 44/2019 que aprueba un circuito de similares características aplicable a los casos en que los Certificados Médicos Oficiales deban renovarse”, informó Kunath.
“Vemos de este modo, como otra vez el Poder Ejecutivo Nacional procede de manera intempestiva y sin brindar el derecho de audiencia a las personas con discapacidad y a las organizaciones representativas”, señaló.
“Debemos remarcar además que estas últimas resoluciones, no sólo representan un obstáculo en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sino que además desconocen aquellas dificultades que podrían darse en los sistemas de salud provinciales para su implementación, que podría determinar la baja de muchas pensiones, por lo que en definitiva terminarían siendo de naturaleza restrictiva”, aseveró la legisladora entrerriana.
“En tal sentido también hemos presentado un proyecto de comunicación en el Senado, en el que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto estas resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre la aplicación y efectos de la confección del Certificado Médico Oficial (CMO)”.
Por último, Kunath destacó “la decisión del gobierno provincial, que a través del Ministerio de Salud que encabeza Sonia Velázquez, brindará la logística para sostener la demanda que derive de la implementación del Certificado que exige Nación y de ese modo evitar perjuicios a los titulares de pensiones, mientras se sustancie alguna respuesta legal al pedido de suspensión de la medida que la cartera de Salud realizó ante la Agencia Nacional de Discapacidad, o hasta que las resoluciones cuestionadas tengan una decisión rectificatoria acorde”.
