En este sentido, señaló que “venimos planteando con preocupación lo que sucede en todo el país en materia tarifaria, y especialmente en nuestra provincia, para lo cual hemos presentado diversas iniciativas legislativas para lograr una tarifa diferencial de la energía eléctrica para los entrerrianos y entrerrianas, teniendo en cuenta que la provincia es dueña y generadora del recurso; como así también discutir la provincialización de la Represa de Salto Grande”.
Cabe destacar que el proyecto de ley presentado este jueves propone crear el Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicio Públicos que establecerá un cuadro tarifario diferencial sobre los servicios de luz, gas natural y agua corriente que alcanzará a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a tres salarios mínimos.
También se incluye a los monotributistas inscriptos en categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere tres veces el salario mínimo; empleados del servicio doméstico; beneficiarios de pensiones no contributivas que no ganen más de tres salarios mínimos; beneficiarios de programas sociales nacionales, provinciales o municipales; usuarios que perciban seguro de desempleo; veteranos de guerra; discapacitados; pacientes cuyo tratamiento implique electrodependencia; clubes de barrio y de pueblo; entidades de bien público; centros asistenciales públicos; entidades educativas públicas; entidades religiosas y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social. También se incluye a pequeños emprendimientos comerciales y de servicios.
Además, se exceptúa del pago del IVA a las ventas de gas, luz y agua para aquellos beneficiarios de la tarifa social. La alícuota del IVA será del 50% de la establecida por ley para los usuarios residenciales; también se incluye una modificación en el mismo sentido para micro, pequeñas y medianas empresas.
“Los usuarios deben estar protegidos ante los abusos de las empresas prestadoras de servicios, en el contexto de un gobierno cuyos funcionarios no han sabido resolver, el abordaje de una readecuación tarifaria de carácter racional, gradual y atendiendo a los ingresos promedios de las familias argentinas, ya sea por desconocimiento o insensibilidad”, se sostiene en la iniciativa, y agrega: “hay que poner límites razonables a una política tarifaria que castiga a los consumidores y no contempla las necesidades de los distintos sectores sociales y/o productivos”.
