En este sentido, la legisladora entrerriana señaló que “estamos hablando de una política que es universal porque llega a todo el país sin discriminación. Cuando en Argentina nace un bebé se constituye inmediatamente en sujeto de derecho. Eso es inclusión y eso es protección”, destacó.
“Desde 2003, el modelo de crecimiento con inclusión social nos ha permitido ser un país mejor, más solidario, para todos y todas”, agregó Kunath quien resaltó “la capacidad de un gobierno nacional que busca permanentemente, con imaginación y creatividad, la igualdad y la promoción de derechos, a partir del cumplimiento de las obligaciones con medidas y acciones de profunda justicia social”.
En este sentido, detalló que en diez años en nuestro país la inversión en materia de cobertura social aumentó un 207 por ciento, siendo en 2004 de 2,5 millones de pesos y hoy es de 7,7 millones.
Por esto, “la universalización de la cobertura social de nuestros niños, niñas y adolescentes y de los jubilados se da en un contexto de sustentabilidad posible, en parte por la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino a partir de la recuperación de los fondos de las AFJP y gracias a una gestión y administración responsable de esos recursos bajo los objetivos claros de mayor inclusión y protección para todos los argentinos y argentinas”.
“El proyecto que hoy aprobamos y que pasa a Diputados representa un importante avance que tiene como objetivo dar previsibilidad y certeza a los beneficiarios de que dos veces al año se actualizarán las asignaciones familiares, la asignación universal por Hijo y por Embarazo para Protección. Se trata de políticas públicas que constituyen un eje fundamental en el reconocimiento de los derechos de los más vulnerables, y en la lucha contra la deserción, el abandono escolar y en el control de la vacunación y salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”, aseguró la legisladora.
Cabe destacar que el índice de movilidad que se utilizará para las asignaciones es el mismo que se ha venido aplicando para la movilidad jubilatoria desde su implementación en 2009 a partir de la ley 26.417 y que ha permitido desde entonces 13 aumentos con un incremento acumulado del 454 por ciento.
“Hay cierto logros que no son fáciles de alcanzar y menos fácil aún es que se mantengan en el tiempo. Con esta ley se refuerza la previsibilidad y la institucionalidad de una de las herramientas que posee el Estado Nacional para mejorar la distribución del ingreso y proteger a sectores vulnerables. Es por ello que es imprescindible que el sistema cuente con un índice de movilidad establecido por ley del Congreso. El sueño que nos propusiera Néstor en mayo del 2003 y que posteriormente continuara nuestra presidenta, hoy lo vamos a profundizar plasmándolo en una Ley”, aseveró.
