Kneeteman también ponderó la acción del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que incentivó las presentaciones judiciales que llevará adelante el municipio y que se comprometió desde su cartera, a hacerse cargo de los posibles costos económicos que pueda tener el proceso judicial. “Es un antecedente inédito y que forma parte del nuevo estilo de gobierno que expresa Cambiemos”, resaltó.
“La obra de pavimento en Larroque que se realizó entre las elecciones PASO y las generales fue una maniobra electoralista para intentar revertir un resultado que el anterior intendente kirchnerista veía venir. El entonces ministro De Vido destinó un monto de 21,6 millones de pesos para una obra que la auditoría técnica del intendente Benedetti dictaminó que como máximo costó 5,4 millones, lo que significa un sobreprecio de 16 millones de pesos. Todo el proceso administrativo de adjudicación de la obra está plagado de irregularidades que fueron detectadas por la auditoría contable y legal que realizó el doctor Rubén Virué”, indicó Kneeteman.
Además, aclaró que “la obra debió ser adjudicada por medio de una licitación pública, y sin embargo por una simple resolución, el intendente convocó a un concurso de precios e invitó a empresas que seguramente fueron recomendadas, a pesar de que el monto de la obra significaba el 60 % del presupuesto ejecutado por el municipio de Larroque en el año 2015”.
“Esta obra forma parte de un esquema de corrupción que se empieza a descubrir y a desmantelar en la Argentina. Hay un modus operandi, un patrón similar que consiste en la utilización de la obra pública para desviar fondos que luego se usaban para financiar campañas políticas o directamente para los bolsillos de algunos funcionarios”, señaló finalmente.
El intendente de Larroque realizó ayer en la Fiscalía de Gualeguaychú una denuncia penal contra la empresa y los funcionarios de la anterior gestión municipal por considerar que hubo fraude en la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y realizará también una presentación ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Paraná para reclamar un reintegro de 3,2 millones de pesos de los 8,6 millones que ya cobró la empresa y para justificar por qué se tomó la decisión de no pagarle los 13 millones restantes que serán devueltos al Ministerio.
