De todas formas, Nin Novoa dijo que su cancillería “está haciendo esfuerzos” para que los presidentes se sienten a hablar de las pasteras. Pero fue desmentido por el vocero de la presidencia uruguaya y por el gobierno argentino, quienes coincidieron en que “no hay ningún encuentro bilateral previsto ni en preparación”.
En Buenos Aires consideran que no existe clima para negociar: por un lado, Uruguay sigue impulsando medidas inconsultas, como la autorización que otorgó a Botnia para utilizar un extra de 60 millones de metros cúbicos de agua del río Uruguay. Por el otro, el corte de ruta que los vecinos de Gualeguaychú harán desde el viernes al domingo irrita a la Casa Rosada. Con el puente bloqueado, Kirchner ya comenzaría el diálogo perdiendo, dice el razonamiento oficial.
Ayer, el vicepresidente uruguayo esbozó una autocrítica al admitir que desde su gobierno quizá debieron “haber hablado antes con el gobierno argentino, hacer las cosas de otra manera”. Pero todas sus declaraciones estuvieron teñidas por la ambivalencia: el funcionario consideró al mismo tiempo que “el resultado al que arribamos”, en referencia a los pronunciamientos de organismos internacionales, “demuestra que nosotros lo estamos haciendo bien”.
También se mostró escéptico en que el conflicto se destrabe. “Cuando un problema no tiene solución no es problema, y esto no tiene solución porque con la irracionalidad que hay, sobre todo de los piqueteros, y la indiferencia, tanto del gobierno nacional como provincial, difícilmente pueda haber solución”, sostuvo.
Para Nin Novoa, el reclamo de la asamblea ambientalista en el sentido de “echar a Botnia y a Ence porque nos van a matar” demuestra un “grado de paroxismo en el razonamiento que hace difícil una solución, porque ante cierta irracionalidad no se puede”.
Por su parte, el director de Asuntos Ambientales de la Cancillería, Raúl Estada Oyuela, señaló que la conducta del gobierno uruguayo “es peor” que lo que se les achaca a los vecinos de Gualeguaychú. “Los asambleístas tienen su contrapartida en el gobierno uruguayo, que ante el pedido de la Corte (de La Haya) de que no se tomen medidas para agravar la situación ha venido tomándolas, como la de otorgar el uso de 60 millones de metros cúbicos de agua del río Uruguay a la empresa (Botnia) sin haber cumplido las condiciones del estatuto del río Uruguay”, que obliga a los países a consensuar aquellas medidas que afecten al río compartido.
Estrada Oyuela apuntó que “una vez que hay una controversia, a esas reglas no la siguen ni la asamblea de Gualeguaychú ni el gobierno del Uruguay. En el caso del gobierno uruguayo, porque es un gobierno que deliberadamente toma actos que van en contra de lo que ha recomendado la Corte”.
