El viaje de cuatro días a España del presidente puede ser considerado un logro político y personal. El oficialismo hará hincapié en la buena recepción de las autoridades y cámaras empresarias, aunque también hubo cosas negativas para nuestros intereses.
Ya en Buenos Aires, el jefe de Gabinete calificó con un ’10’ el viaje de la comitiva argentina por territorio español. Esa nota de excelencia fue puesta por Alberto Fernández desde radio América y se basó en un criterio economicista: los inversores se habrían convencido de que Néstor Kirchner es una realidad (para sus negocios, debió aclarar) y no una expectativa.
Esa visión del vaso lleno se origina en que, en efecto, la delegación tuvo trato de primera por el rey Juan Carlos y el jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente de éste. Los mensajes del monarca y el líder peninsular estuvieron recargados de elogios a la economía argentina y la buena muñeca política del patagónico para conducirla a la recuperación de estos días.
También, aunque en un plano donde no faltaron algunos reproches, las cámaras patronales madrileñas dijeron estar felices de recibir al argentino. Tanto la Cámara de Comercio y la Confederación Española de Organizaciones Empresarias (Ceoe), como individualmente los popes de Repsol, Marsans, Endesa y otros, dejaron sus plácemes y a la vez aguijonearon al visitante con el meneado tema de las tarifas de los servicios públicos.
Tanta bienvenida y algunos anuncios, como el adelanto de 2.000 millones de dólares en inversiones de Repsol entre 2007 y 2009, y la cesión del 5 por ciento del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas al Estado, sonaron a música celestial en los oídos kirchneristas. Y le permitieron al presidente burlarse de los vaticinios de quienes apostaban a que tendría una recepción de bajo nivel por los asuntos pendientes de la relación bilateral, entre ellos el cuadro tarifario.
Rodríguez Zapatero aseguró que las empresas de su país seguirían invirtiendo y dio a su colega trato de líder ‘integrador’ de América Latina. Sólo con esas dos cosas, Kirchner habría vuelto con el pecho hinchado de orgullo. Como además esos piropos salieron de labios de los líderes empresariales con los que en 2003 tuvo cortocircuitos memorables (‘Ud nos puso a parir’, le había dicho José Cuevas, el titular de Ceoe), el balance no podía ser más positivo.
En ese resultado incidió que los monopolios ibéricos han hecho grandes negocios entre nosotros, sobre todo Repsol, Telefónica y Banco Santander. La buena onda también vino por una cuestión regional: la corona tembló en Bolivia tras la nacionalización del gas dispuesta por Evo Morales y necesitaba contar con un aliado seguro en el Cono Sur. Kirchner se ofreció a contener al boliviano y sobre todo juró que no repetirá sus pasos estatistas en Argentina.
Lo bueno y lo malo
En política puede marcarse como positivo el discurso del viajero ante el parlamento español donde criticó a Estados Unidos y calificó como ‘fría’ su relación con la región. El reproche también alcanzó al FMI por su conducta de 2001.
Otras definiciones progresistas -que no habrán sido del agrado del Partido Popular y el propio Psoe- tuvieron que ver con Venezuela y Bolivia. Kirchner defendió a Hugo Chávez en su rol solidario con América Latina, frente a los intentos de la administración Bush por presentarlo como ‘un monstruo’. Otro tanto hizo con Morales, de quien dijo debía ser comprendido en sus esfuerzos por dignificar Bolivia. Recordemos que el aymara venía de asestar un duro golpe a Repsol el 1 de mayo último al anunciar la nacionalización gasífera. El clima anti Evo es muy marcado en la clase empresarial y el gobierno español, lo que realza la defensa suya hecha por el patagónico.
Hubo otra definición importante en la charla con la colectividad argentina: el presidente confesó que en 2003 una convergencia cívico-militar lo había presionado para dar constitucionalidad a las leyes de la impunidad. Aunque no lo mencionó, fue una referencia a la gestión emprendida por el entonces vicedirector de La Nación, José Claudio Escribano, en nombre del Consejo de las Américas con sede en EEUU y la derecha castrense que se viene expresando últimamente en Buenos Aires.
La afirmación K de que la ‘inversión estatal es un elemento central que vamos a seguir profundizando’, erizó la piel de la derecha de uno y otro lado del Atlántico. El diario El País, el día que llegaba el patagónico a la península y antes que pronunciara ese concepto, lo estaba castigando por su supuesto estatismo.
De todos modos, tales aspectos rescatables de las declaraciones del jefe de Estado argentino no pueden ocultar otros elementos que tienen una carga negativa.
Por caso, su promesa formal a los inversores españoles de que tendrán su actualización tarifaria, aunque matizada por la expresión de que la misma se cumplirá ‘de manera paulatina’. Como sea, eso augura que las mayores tarifas solicitadas por Gas Natural Ban, Edesur, los peajes y las telefónicas, entre otros pulpos, llegarán inexorablemente a afectar el bolsillo popular. Marsans, controlante de Aerolíneas, las reclamó con carácter de urgente.
Otro elemento negativo fue el compromiso firmado por Felisa Miceli con su par José Solbes, según el cual se pagarán sin quita los mil millones de dólares que España aportó al barril sin fondo del ‘blindaje’ de 2001, así como otros 6.500 millones de dólares que se abonarán en idéntica manera al Club de París.
La promesa presidencial de que nunca pensó en retomar la renta petrolera para el país y que la misma seguirá manejada por Repsol y demás monopolios, debe haber ofendido al extinto general Enrique Mosconi. Este aseguraba que ‘entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera’.
Tormenta militar
Si uno atiende a la superficie del fenómeno puede creer, como dijo Nilda Garré, que ‘no hay ninguna tensión’ en el frente militar. Es que, visto el escaso número de uniformados que fueron a actos reivindicativos del terrorismo de Estado, se puede concluir como la ministra en que son ‘grupos minúsculos’.
Si ese fuera el alcance de la oposición castrense a las políticas de derechos humanos, habrían bastado las penas de arresto impuestas a nueve oficiales. A ese lote pequeño se sumó el décimo caso, el coronel Fernández Centeno, que asistió de uniforme al acto del martes en el Círculo Militar, con idéntico objetivo al de la plaza San Martín.
Habría que decir, aún en la benigna hipótesis gubernamental del ‘grupúsculo’, que los elementos que lo componen tienen una fuerte carga ideológica y rescatan férreamente lo actuado por las Fuerzas Armadas en los años del fascismo.
Esos círculos retrógrados se deben haber sentido más aislados aún cuando se conoció el decreto del PEN sobre la reforma militar. El Centro de Militares por la Democracia Argentina (Cemida) encomió ese paso aunque no se privó de decir que si de verdad se quiere erradicar la doctrina de la seguridad nacional, nuestro país debía dejar la Junta Interamericana de Defensa digitada por Washington.
Quizás lo rescatable del cambio haya sido el rechazo a admitir como parte de las funciones castrenses las ‘nuevas amenazas’, un variopinto donde los norteamericanos incluyen ‘la subversión, el terrorismo, el narcotráfico, el indigenismo, etcétera’.
Pero sería una ingenuidad pensar que en los cuarteles se respira conformidad plena con la política representada por una ministra que estuvo casada con Juan M. Abal Medina, hermano del fundador de Montoneros.
Más allá de las dudas sobre las antipatías que pueden estar soterradas en las Fuerzas Armadas, hay una circunstancia que de a poco va a empezar a develar la magnitud de las mismas. Ese catalizador serán los juicios por violaciones a los derechos humanos que han comenzado a sustanciarse: el martes comenzó por el caso Etchecolatz en La Plata.
Si bien en esta oportunidad no fueron militares los sentados en el banquillo, pues se trata del ex director de Investigaciones de la Policía conducida por el general Ramón Camps, es como si lo fueran. Se trata de un desprendimiento de la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, juicio que también comenzará apenas el juez Daniel Rafecas concluya la instrucción. Y después vendrán otras, no sólo en la Capital Federal y Buenos Aires sino en el resto del país.
En este momento hay unos 200 militares detenidos, a disposición de los jueces con motivo de esas causas. Aunque la mayoría de ellos son retirados y parte está con prisión domiciliaria -privilegio que acaba de perder Etchecolatz, rumbo a Marcos Paz-, la comparencia de los militares a los estrados será un fuerte revulsivo para los cuarteles.
En esos juicios se ventilarán las aberraciones cometidas entre 1976 y 1983, y eso tirará sal sobre heridas que no han cicatrizado, mal que le pese a la jerarquía de la Iglesia que ya retomó su campaña por la ‘reconciliación’.
Si empiezan a llegar una condena tras otra contra los centenares de militares, ¿cómo caerán esas sanciones de la justicia y de la sociedad? ¿Acaso los cuarteles permanecerán en calma? No es lo que surge del discurso del coronel García en el acto del Círculo Militar, donde se aseguró que su sector no permitirá ‘una justicia que sea una burla para los que sirvieron y dieron su sangre por la Patria’
