El gobierno de Néstor Kirchner lanzó hoy un ambicioso plan de seguridad que prevé la creación de una «agencia federal de investigaciones» integrada por 6 mil efectivos que colaborarán con las policías provinciales, y el impulso a una profunda reforma judicial y del sistema penitenciario. El «Plan Estratégico de Justicia y Seguridad» para el período 2004-2007, elaborado en las últimas semanas y pulido el fin de semana pasado entre el presidente Néstor Kirchner y la «mesa chica» del gobierno nacional, también incluye un proyecto de ley para bajar a 14 años la imputabilidad penal de los menores.
Tras una exposición del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, realizada en la Casa de Gobierno ante el gabinete nacional y varios gobernadores provinciales, Kirchner subrayó que «el plan no está cerrado, ni blindado», y pidió a los sectores implicados que no tengan «reacciones corporativas». En el marco de estas reformas, en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para instaurar los «juicios por jurados» en los casos de «delitos más graves».
En el «ambicioso programa» -como lo definió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández- se propone además la construcción de ocho cárceles en distintos puntos del país con el objetivo de aumentar en un 50 por ciento la capacidad penitenciaria, actualmente colapsada. La iniciativa, que se desarrollará en los próximos 4 años, requerirá de una inversión pública de 400 millones de pesos, en tanto que se destinarán otros 600 millones de pesos para reequipar a las fuerzas federales.
En tanto, para agilizar el tratamiento de los procesos el Poder Ejecutivo propiciará la «unificación de los fueros federal, penal y penal-económico» con asiento en la Capital Federal. «Cesará la Justicia electoral tal como está ahora», porque «es inapropiado mezclar la investigación de hechos criminales con una responsabilidad electoral», indicó el ministro Beliz. La iniciativa oficial intentará, además, «unificar los Códigos de Procedimientos Penales de las provincias» para que desaparezcan las «barreras jurídicas» entre los distritos. «Es una tarea ciclópea, pero posible», expresó el ministro Beliz en el salón blanco de la Casa Rosada, donde además anunció un proyecto de ley para la aplicación de «justicia rápida para delitos ‘in fraganti».
En materia judicial y penitenciaria, el gobierno prometió propiciar «una limitación a las excarcelaciones», en respuesta a una de las principales demandas de quienes impulsan un endurecimiento de las normas penales y señalan que los presos «entran por una puerta y salen por la otra».
Asimismo, indicó que el plan contempla modificaciones a las leyes que penan la «asociación ilícita», un mejoramiento del régimen de protección de testigos y la reglamentación de un «fondo nacional de recompensas, con recursos del presupuesto nacional». Además, Beliz mencionó iniciativas legales contra los «desarmaderos» de coches, el lavado de dinero, el financimiento de actividades terroristas, el contrabando y la evasión fiscal.
