Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, presentó este miércoles ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia porteño en licencia, por “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En ese sentido, Kicillof remarcó que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables, habría sido producto “del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
De esta manera, el gobernador se refirió a la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro (quien se encuentra de licencia en su cargo), los cuales fueron difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación.
En aquellos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el Gobierno porteño para lograr una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con el Gobierno Nacional, algo que terminó ocurriendo.
“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, se sostuvo en el texto difundido hoy por el Ejecutivo provincial, refiriéndose a Horacio Rodríguez Larreta.
La presentación judicial a la que tuvo acceso Télam, comprende 14 páginas en las que el gobierno bonaerense denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D’Alessandro, y además aporta como material pruebas de los chats filtrados y los artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
En la denuncia, el gobierno provincial argumenta que “en los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente”.
Entre otros temas, la presentación también hace alusión al cumpleaños del fiscal de la Ciudad, Juan Ignacio Mahiques, al que los funcionarios denunciados arribaron juntos.
También se pide que se allane “al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, a los fines que proceda a la localización de toda documentación o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa”, así como el secuestro de teléfonos móviles “personales y/o corporativos de los denunciados”, con los fines de “proceder a sus pericias respectivas que, permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula”.
En ese tono, se solicita que se investigue a los denunciados por la “probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal”.
En el marco de la presentación, desde el Ejecutivo provincial precisaron que “las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma”, y agregaron que actualmente “el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional”.
“Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, se puntualizó desde el gobierno de la provincia.
La difusión de supuestos chats que el ministro porteño intercambió con Robles sacudió la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Tras el escándalo, D’Alessandro dispuso tomar una licencia “temporaria” en su cargo, para “ordenar cosas familiares” y “preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames”.
La denuncia se suma a las presentaciones judiciales realizadas por los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de La Rioja, Ricardo Quintela contra el asesor de la Corte Suprema y el ministro de Seguridad porteño. El 6 de enero pasado, el Gobierno Nacional también presentó contra D’Alessandro una denuncia por la posible comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.
