De ese modo, el cura Ilarraz, que fue prefecto de disciplina en el Seminario desde 1985 y hasta 1993 y que desde finales de la década de 1990 está radicado en Tucumán, podría volver a Paraná para sentarse en el banquillo de los acusados y responder por los cargos que le formularon en la Justicia siete víctimas de sus abusos.
Antes. Antes de quedar bajo el ojo de la Justicia, Ilarraz fue investigado por la Iglesia Católica. En 1995, el entonces arzobispo Estanislao Karlic ordenó recibir las denuncias de seminaristas que acusaban al cura de haberlos abusados. Y el 18 de diciembre de 1996 dispuso que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones” y ese daño “es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”.
El 19 de marzo de 1997 Karlic firmó una nueva disposición en relación a Ilaraz, consecuencia del “resultado de la indagaciones realizadas por el Tribunal Ordinario del Vicariato de Roma”. Entonces, dispuso que Ilarraz “transcurra en oración y meditación según los ejercicios espirituales ignacianos (un modo de oración orientado según el método de San Ignacio de Loyola, NdelR) por el curso íntegro de un mes en una casa religiosa que le será indicada en tiempo debido”.
Es una de las tantas pruebas que junto con otras muchas testimoniales el fiscal Ramírez Montrull agregó a su voluminosa presentación ante la jueza Firpo en la que pidió la elevación a juicio de la causa Ilarraz. A diferencia de la resolución de procesamiento del cura que dictó la jueza el 10 de julio de 2015, el fiscal sí considera como elemento probatorio el juicio diocesano que realizó Karlic en 1995.
El fiscal pondera especialmente los resultados de las pericias psicológicas hechas a las víctimas como una prueba relevante. Los peritos consideraron que el relato de las víctimas resulta “verosímil y no presenta indicadores que permitan suponer tendencia a la fabulación como así tampoco que el relato se encuentre influenciado”. Y apunta: “La situación traumática vivida, y en definitiva la corroboración de los hechos se ve constatada por la gran afectación psicológica”.
Ramírez Montrull da por probados los abusos, y que estos ocurrían en la habitación asignada en el Seminario al cura, que era prefecto de disciplina y además director espiritual de los adolescentes que entonces cursaban la secundaria como pupilos. También, da cuenta de las incursiones de Ilarraz en los pabellones de los adolescentes en horario nocturno, cuando estos ya estaban durmiendo. Una de las víctimas “refiere que fue abusado en el pabellón mientras los demás seminaristas dormían”. A la sucesión de esos hechos lo refrenda el testimonio de testigos.
¿Cómo se daba el acercamiento de Ilarraz? e acreditó que Ilarraz hacía uso, para lograr su cometido vicioso, de la excusa o pretexto siempre de profundizar la confianza entre ellos y el vínculo de amistad. “Víctimas y testigos fueron coincidentes en cómo el encargado de la educación influía y persuadía a los niños que estaban bajo su cuidado, expresándoles a cada uno de ellos que, para lograr su cometido, esa era una forma de ganarse la amistad, que no hacían nada malo, que solo era una manifestación de amistad, que debían ser cada vez ´más amigos´ y que se enojaba cuando los abusos no se intensificaban ante la oposición de de las víctimas”, relata el fiscal.
Esos hechos cuentan con un agravante: Ilarraz era el cuidador de sus víctimas. “Se corroboró con los informes del Arzobispado de Paraná, del Consejo de Educación y por las declaraciones testimoniales, que Ilarraz era sacerdote y ejercía la función docente de prefecto de disciplina y director espiritual en el Seminario Menor de la ciudad de Paraná”.
En cuanto a la calificación legal de los delitos investigados, Ramírez Montrull entendió que “nos encontramos ante el delito tipificado como Corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación”.
Y al final de su extenso escrito, está la petición: “corresponde elevar a juicio la presente causa seguida contra Justo José Ilarraz por el delito de Corrupción Agravada por ser encargado de la educación”.
La querella adhirió
La abogada querellante Rosario Romero adhirió al pedido de elevación a juicio de la causa Ilarraz que presentó ayer el fiscal Ramírez Montrull. De ese modo, ahora la jueza Firpo tiene cinco días para resolver si eleva a juicio el caso o decreta el sobreseimiento. En medio, también cabría esperar la presentación de un recurso por parte del defensor Juan Ángel Fornerón.
“Tenía dos opciones: adherir o hacer mi propia presentación. Resolví adherir porque el fiscal hizo una muy buena presentación”, aseguró. “Ahora, lo que esperamos es que la jueza resuelva la elevación a juicio. Aunque contra esa resolución de la jueza, la defensa se puede oponer e instar al sobreseimiento”, apuntó.
La querellante espera que no haya ningún tipo de demora en la conformación del tribunal para juzgar a Ilarraz, como ya ocurrió en 2015 con tres sucesivas excusaciones para resolver el pedido de apelación al procesamiento. “Ya está claro quiénes no pueden intervenir, así que esperamos que no haya demoras por esa razón”, señaló.
