El hecho que se le endilga al funcionario policial, que ayer se abstuvo de declarar por consejo de su abogado defensor Roberto Fabián Alsina, ocurrió el 1 de junio de 2002 en la comisaría Sargento Pedro Vallejos, sita en el paraje El Solar en el Departamento La Paz. Según la acusación fiscal, el joven Eusebio Alberto Verdún, que sufre discapacidad mental concurrió a la seccional acompañado de Cesario Díaz (ya fallecido), a los fines de cobrar la pensión Ley 4.035 correspondiente febrero de 2002. En la dependencia fue atendido por el imputado y, supuestamente, éste mediante un ardid le hizo firmar con la impresión dígito pulgar la planilla de recibos de pago, pero sin efectuarle la entrega del dinero, ya que le habría hecho creer a Verdún que era una firma que debía del mes anterior. Una vez que Acosta logró el documento que acreditó la cancelación del mes que le debía pagar a Verdún se apoderó de los 58 bonos federales haciéndole saber a Verdún que la plata no había llegado. Tampoco cobró su acompañante, Díaz, ya que según el suboficial su dinero no había llegado. Al tiempo Díaz recibió el dinero y Verdún no.
Acusación fiscal
El fiscal Chemes basó su pedido de condena condicional e inhabilitación especial en las pericias realizadas por los profesionales de La Paz que acredita que el joven es discapacitado, ya que la defensa puso en tela de juicio el estado de salud del joven.
Para el fiscal el hecho fue consumado por el acusado. En ese sentido, hizo hincapié en una grave irregularidad que habría cometido el suboficial del policía, ya que “no puso el día que dice haber realizado el pago de la pensión”. Para el fiscal hubo error y engaño por parte de Acosta, ya que “se acreditó que el joven puso el dedo y no cobró un dinero que necesitaba”. En su acusación el fiscal tuvo como atenuante que “el acusado tiene hijos a cargo y es de condición humilde, y aunque no sea un justificativo pudo haber pasado necesidad, ya que la situación por la que atravesaba la provincia era crítica”.
Pedido de absolución
En disidencia con lo expresado por el fiscal, el defensor Roberto Fabián Alsina alegó que “el hecho no está acreditado en grado de certeza”.
El letrado pidió la absolución de culpa y cargo de su cliente por el beneficio de la duda. Alsina basó su estrategia defensiva en una testigo que señaló haber visto con dinero a Verdún el mismo día que fue a cobrar. Para el defensor no está comprobado que la supuesta víctima sea discapacitado. En ese sentido afirmó “ese seudo informe pericial carece de objetividad”. Para Alsina en la causa existe una orfandad probatoria notoria, ya que para él podría haber sido la persona que acompañó a Verdún el que se apoderó de la plata.
Por último expuso el representante del Ministerio Pupilar, Alberto Silva Velazco, quien señaló que sería importante iniciar en La Paz un seguimiento del joven afectado para que reciba la cobertura necesaria por parte del Estado.
“Soy inocente”, dijo el acusado Daniel Acosta
Como es costumbre el presidente del tribunal Jorge García le dio la última palabra al imputado antes de declarar cerrado el debate hasta el martes, cuando se conocerá el fallo. Daniel Ramón Acosta aceptó su derecho de hablar y afirmó: “Yo no cometí la imputación que se me hace cargo. Díaz no cobró ese día porque no quiso, ya que la plata estaba”, y agregó “Soy inocente”. En caso de ser condenado el funcionario policial que hoy se encuentra en estado pasivo será desafectado de la fuerza de seguridad provincial.
