En el proceso, que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 2 de esta ciudad santafesina, se investigarán los delitos de homicidio, privación ilegal libertad, torturas, abuso sexual y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 155 víctimas.
El tribunal está integrado por los jueces Lilia Graciela Carnero (Entre Ríos), Francisco Miño (Santa Fe) y Carlos Villafuerte Ruzo (San Nicolás). Los tres jueces que integran originalmente el TOF2 de Rosario se excusaron de participar de este juicio oral puesto que lo hicieron en los tramos anteriores, Feced I y II.
Los imputados que llegarán a juicio son los ex policías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra y José Rubén Lo Fiego. También están acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y Eugenio Zitelli.
Sólo tres de los imputados no fueron juzgados y condenados en los anteriores debates orales de la causa “Feced”: los policías “Beto” Gianola y “Lagarto” González; y el sacerdote Eugenio Zitelli. Gianola y González estaba prófugos cuando se realizaron los juicios anteriores, mientras que Zitelli interpuso numerosos recursos que demoraron la llegada de su causa a juicio oral.
“Es el tramo más grande de la causa Feced en cuanto a la cantidad de víctimas y de acusados”, dijo el fiscal de causas de lesa humanidad de Rosario, Adolfo Villate. Explicó que de los 155 casos que se ventilarán en el debate oral “80 son casos nuevos, es decir que no han sido juzgados anteriormente”.
Según Villate, “es un juicio que se calcula que va a durar un año y medio o dos” y que cuenta con unos 300 testigos ofrecidos por las partes. El fiscal destacó que este tramo de “Feced” tendrá como dato saliente que por primera vez “se va a juzgar la responsabilidad del ex capellán del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario”.
Los acusados participaron, según la acusación, del circuito represivo que tuvo como eje el SI, el mayor centro clandestino de detenciones del sur de la provincia de Santa Fe que funcionó en la ochava de San Lorenzo y Dorrego, en pleno centro de Rosario. En ese edificio, que hoy ocupa la sede local de la Gobernación santafesina, funcionó la Jefatura de Policía de Rosario.
Se calcula que por allí pasaron unos 2 mil detenidos-desaparecidos durante los primeros años de la última dictadura, y fue “levantado” en 1978 a raíz del asesinato de un militante argentino y dos ciudadanos peruanos.
