Según la acusación, el ex funcionario tramitó y autorizó un subsidio de 30.000 pesos para una cooperativa de trabajo que carecía de personería jurídica y que presidía su propio hijo. El beneficio habilitado por González tenía por objeto capacitar laboralmente a ex trabajadores de Pinfruta, quienes se hallaban desocupados ante el cierre del establecimiento citrícola. Sin embargo, se comprobó que ninguno de los miembros de la cooperativa beneficiada figuraban como ex empleados de la firma.
Pese a que en un primer momento el auxilio económico había sido adjudicado por decreto a la cooperativa, el dinero nunca llegó a manos de los miembros de la familia González que la integraban, porque frente a las irregularidades detectadas la norma fue anulada por otro decreto.
