DURAS EXPRESIONES DE LA PROCURADORA Y LOS ENTRERRIANOS
La procuradora general Alejandra Gils Carbó, llamó a crear “un nuevo paradigma” para el sistema judicial “con magistrados que no estén mirando de reojo a qué sector del poder concentrado pueden beneficiar, que rindan cuentas a la comunidad, donde no haya feudos ni padrinazgos ni familia judicial y donde el acceso a la Justicia de los sectores débiles y marginados sea una realidad”.
Tamañas expresiones en boca de uno de los más altos funcionarios de ese poder, dejan muy mal parado a Lorenzetti que, en un discurso el día anterior había dicho tantas generalidades juntas, tantas expresiones políticamente correctas, que, por no aportar nada de nada a este rico debate, queda ubicado como el representante de la vieja justicia y mostrándose a sí mismo como un Scioli ilustrado. O sea, alguien que cree que se puede seguir haciendo como que o que es posible seguir siendo amigo de Dios y del Diablo.
En cuanto a los funcionarios entrerrianos que participaron de esa movida se abre un gran interrogante. Como se recordará DIARIOJUNIO publicó hace tiempo su extrañeza de que no había aparecido ningún funcionario de la justicia entrerriana en la movida “Justicia legítima”, en rigor, algo que no desentonaba con la trayectoria de ese poder en esta provincia.
Esta aparición, aunque un tanto tardía, debe ser bienvenida pero con las reservas del caso en tanto no haya expresiones claras en estas tierras que muestren una verdadera sintonía fina con lo que esta ocurriendo en el país. Sería un modo de aclararnos y aclararle a la sociedad entrerriana que no se trata solo de hacer como qué. Por lo pronto, aquí sigue siendo más importante el parentesco o la amistad que el conocimiento a la hora de llenar de suplentes los tribunales provinciales.
EL DOCUMENTO COMPLETO
Los que estamos aquí queremos ser parte de una Justicia más plural y más independiente, dispuesta a transparentar y a rendir cuenta de su actuación ante la ciudadanía entera. Nos une la convicción de que existe un modo diferente de ejercer la magistratura y la jurisdicción.
Rara vez en estos casi treinta años de recuperación del Estado de Derecho, y salvo honrosas excepciones, un número tan importante de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios y empleados han firmado con nombre y apellido un cuestionamiento claro y enérgico como el que se expresa en los documentos de “Justicia legítima”. Así se habilita el escenario de un debate público en el que sin desconocer la mayor responsabilidad que nos corresponde como integrantes del Poder Judicial, aspiramos a sumar muchas voces y muy diferentes actores sociales para inaugurar mecanismos de participación ciudadana.
También es inédito y auspicioso que miembros de las justicias federal, de la nacional y de la local elijan modos de encuentro y participación como el de esta asamblea nacida de una convocatoria en la que nadie se arroga la representación de otros ni apela a distinciones o jerarquías que no reconocemos ni aceptamos.
Es el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de “invocar independencia” para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho. Defendemos una noción de independencia que no ignore la trama de poderes formales e informales que atraviesa el espacio en el que trabajamos y el mundo en el que vivimos y somos conscientes de los deberes que nos son propios y estamos dispuestos a cumplirlos sin claudicaciones.
Llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una “Justicia legítima”. Para conformar otro sistema de Justicia hay que partir de un núcleo irrenunciable de principios y prácticas que aseguren la vigencia plena e irrestricta del Estado de Derecho, la defensa y ampliación permanente de los derechos humanos y de las garantías consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales y el rechazo de toda forma de discriminación por condición social, étnica, religiosa o de género. Sabemos que todavía hay que superar las marcas que la dictadura imprimió y que subsisten en la estructura y en muchos agentes judiciales de cualquier nivel.
Queremos discutir cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes; cómo y por quiénes se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles; cómo se asegura que la postulación y elección de miembros de los consejos de la magistratura sea abierta y sin restricciones; cómo se conforma y se exhibe la gestión de los recursos, de la jurisdicción y de la administración; cuáles son las condiciones imprescindibles para efectivizar el acceso a la justicia para todos, protegiendo a los vulnerables y cuáles las posibles vías de intervención de la sociedad civil en la construcción de una Justicia fuerte, independiente y democrática. Y estamos dispuestos a persistir en este intento.
