En el primer gobierno de Montiel (1983/87), los Vocales eran 5. En su primer mandato como gobernador (1987/91), Busti llevó a 9, el número de Vocales en ese cuerpo. Podría sostenerse que fue esa una época muy especial, pero, ahora, durante este mandato (2003/07), Busti tuvo la posibilidad de redimirse y reducir el número de miembros (como ocurrió con la Corte Suprema), no solo no lo hizo, sino que nombró a otros 4 miembros, de lo cuales, uno/a era su abogada y el otro su operador político en la Cámara de Diputados.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Aunque pueda resultar materia opinable si el Consejo de la Magistratura es el mejor método de elección, de lo que no hay dudas, es que la sociedad entrerriana se merece una justicia de verdad, alejada del amiguismo y del “hoy por ti mañana por mí” y más cerca del saber y el conocimiento.
Lo que demostró el funcionamiento del Consejo no fue si los que ganaron son mejores o peores personas que los que estaban, sí demostró que llegaron los que demostraron tener más conocimiento en la materia que concursaban. No es poca cosa en una provincia en la que existen y/o existieron jueces y fiscales que nadie sabe como llegaron a obtener el título habilitante. Fiscales “amigos” del poder al que otros colegas debían escribirles en un papelito lo que debían decir frente a cada caso porque no tenían la más mínima idea de que hacer. Además, es una obviedad decirlo, pero resulta mucho más presionable quien fue nombrado “de gauchada” que aquel que se ganó el lugar que ocupa. De hecho, no es sencillo sostener que alguien que acepta un puesto por “gauchada” puede ser mejor persona que alguien que se gana el lugar en buena ley y en igualdad de condiciones con otros.
Que haya jueces que deban revalidar títulos en concursos que no solo se detengan en los antecedentes, sino, en el conocimiento, la actualización o lo que es lo mismo, la “oposición”, es un buen síntoma para la sociedad de esta provincia.
El problema en Entre Ríos es que, “se hizo como que”, todo quedó a mitad de camino. El poder político, más específicamente Busti, se reservó para sí, el núcleo del poder judicial, todo su esfuerzo estuvo puesto en consolidar el manejo político en la cabeza del Poder Judicial.
BUSTI, UN PRECURSOR
Cuando Sergio Montiel (UCR) abandonaba la gobernación en el año 1987 y le deja el lugar a Jorge Busti (PJ), el Superior Tribunal de Justicia estaba integrado por 5 miembros. Sin muchos trámites, fue Jorge Busti quien nombró (1988) a Daniel Carubia, (su socio, su amigo y concordiense como él) ; a Miguel Carlín (1991) quien venía de ser senador justicialista y quien resultó su mejor operador y su hombre de mayor confianza en ese lugar ; Carlos Chiara Díaz (1988) otro de “sus” Vocales que para que no queden dudas, alguna vez llegó a confesarse “un soldado”. Por último a Héctor Turano, el de menor perfil y cuyo amor por la causa duró hasta que Montiel le ofreció (como a otros) la Renta Vitalicia.
En su último mandato como gobernador demostró que su “fervor” republicano solo llega hasta las Cámaras, en el núcleo es monárquico. Un ejemplo de ese concepto fue lo que ocurrió en este período : nombró como Vocales a : Claudia Mizawak (su abogada personal) a Emilio Castrillón (uno de sus principales operadores en la Cámara de Diputados) y a Susana Medina de Rizzo y Leonor Pañeda, las otras dos flamantes Vocales ingresadas ahora. Una de ellas fue jueza de instrucción y tuvo en su momento juicios en su contra presentados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a cargo del entonces fiscal Oscar Rovira.
MAS MONARQUIA
Inmediatamente de asumido, el gobierno de Busti hizo modificar la Ley 8.639 sacando la competencia de amparos al pleno del STJ (como fue en tiempos de Montiel) y trasladándola a la Sala Penal que integran Carubia y Chiara Díaz y, en ese momento, Carlín a quien se sindica como el activo ideólogo de la reforma (hoy activo convencional del bustismo) . Ese lugar (el de Carlín) ahora está reservado a Claudia Mizawak. ¡No es necesario ser demasiado sagaz para averiguar que destino tendrán la mayoría de los amparos promovidos contra el gobierno provincial!
Otra vuelta de torniquete se aplicó en la Fiscalía General, es decir el órgano del cual dependen todos los fiscales de la Provincia. El cargo estaba en manos de Laura Gambino, designada durante el gobierno de Montiel y por ende, no confiable para este. ¿Cómo se solucionó el inconveniente? Muy fácil: se creó por ley un cargo por encima de ella : el de Procurador General, al que se le dieron todas las competencias y atribuciones. Busti y como forma de evitar el más mínimo conflicto, mantuvo en el cargo a Laura Gambino, prácticamente como figura decorativa, claro, sin ningún poder ni atribuciones.
Con un simple (aunque ilegal) trámite administrativo (Decreto) reincorporó al anterior Fiscal Morales (otro de los que había adherido al revolucionario sistema de renta vitalicia montielera). Aunque la ley exige contar con la aprobación del Senado, Busti y todos, obviaron el dato. Nadie de la corporación judicial, o de los Colegios de Abogados dijeron una palabra de tamaña y grosera violación constitucional.
En suma: teniendo el bustismo en sus manos el control de los Fiscales, tampoco cabe dudar del destino que les cabe a las eventuales denuncias de corrupción contra funcionarios públicos.
Y FAMILIA JUDICIAL
Un dato no menor es que el propio Consejo de la Magistratura, considerado un avance en esta nota, queda relativizado si se tiene en cuenta que la Ley de su creación pone como Presidente del mismo al Secretario de Justicia del gobierno provincial. Es decir, coloca todo el proceso de examen, y formación de las ternas bajo la órbita del propio Poder Ejecutivo. Si a ello le agregamos que el Secretario del Consejo es Alejandro Cánepa y que Cánepa es yerno de Daniel Carubia (Pte. del STJ), que es quien recibe y guarda en caja fuerte, los cuestionarios de exámenes, supuestamente «secretos», las voces que lanzan a rodar sospechas no pueden ser consideradas solo una extravagancia de opositores. Aquí vale la máxima en cuanto a la necesidad no solo de ser sino también de parecer. Por lo demás, el Senado de la Provincia y el Ejecutivo tienen la última palabra. En la mayoría de los casos se acató el resultado y el puntaje de los exámenes ante el Consejo de la Magistratura, pero no siempre.
De hecho ocurrió un caso en Entre Ríos el de Teresita Ferreira quien se propuso como Juez de Villaguay, rindió, ganó todo el trámite del concurso, pero, el Senado trató su pliego y lo desaprobó. Algunas malas lenguas aseguran que tuvo la desgracia de enemistarse con la madre del Senador Argain de ese Departamento.
