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JUSTICIA : El negocio del supremo Castrillón y el respaldo de sus pares

A través de un acuerdo general, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió que la inversión del vocal Emilio Castrillón en un emprendimiento privado se ajusta a lo que dice la ley.

En rigor, consideró que la iniciativa “encuadra dentro de la excepción consagrada por el artículo 23 del Código de Comercio de la Nación”. Se trata de la firma El Pollito SRL, habilitada para “adquirir bienes inmuebles urbanos o rurales, comprar y vender implementos agrícolas nuevos o usados, y demás productos útiles en la actividad”.

Fue inscripta ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ) el 11 de julio. La decisión del STJ se desprende de un acuerdo general del que informó el sitio Acceso Libre, especializado en acceso a la información pública.

La firma se conformó en La Paz el 17 de junio. Ese día el magistrado aportó 90.000 pesos, convirtiéndose en el principal accionista de una firma cuyo capital social es de 100.000 pesos. Sin embargo, y para evitar alguna incompatibilidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos Nº 7.504, evitó asumir el gerenciamiento. Puso al frente a su actual pareja, Natalia Céparo, que aportó 10.000 pesos.

La información fue dada a conocer por Acceso Libre, cuyo editor interpuso un pedido de informe al alto cuerpo para saber si el vocal de la Sala Civil y Comercial y empresario informó del emprendimiento, si se evaluó “una eventual incompatibilidad para el ejercicio de la magistratura y qué consideración mereció el tema”.

Según el Acuerdo General del 6 de agosto, los integrantes del cuerpo sostuvieron que Castrillón en ningún momento intentó restringir la información e incluso la misma fue publicada en medios oficiales, “lo que trasunta la transparencia y no ocultamiento de su accionar”.

Se indica que “los actos privados lícitos que celebre cada uno de sus integrantes, en ejercicio de derechos subjetivos legalmente acordados, y que de ningún modo se encuentran alcanzados por incompatibilidad alguna, no están sujetos a su aprobación o control”.

La acordada fue firmada por Leonor Pañeda, Carlos Chiara Díaz, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Juan Ramón Smaldone y el mismo Castrillón.

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