Se trata de un campo de 2.164 hectáreas, ubicado en el departamento Tala que se niega a abandonar pese a que la justicia probó que lo había obtenido con dineros provenientes de un delito penado gravemente y que es el de enriquecimiento ilícito. Yedro no pudo probar que la imponente maza de dinero y bienes que los hacía aparecer en su haber, los había obtenido de manera honesta y lícita.
La jueza y contrariando el expreso pedido del fiscal, le volvió a concederle el premio de 2 meses para poder reubicar sus 1.200 cabezas de ganado y sus 80 caballos, pues ahora, Yedro argumentó que no encuentra predio para arrendar.
A efectos de no olvidar, 3 jueces de Concordia que integraban la Cámara del Crimen y que aparecen distinguidos, si se los compara Concordia condenaron a Yedro en 2005, luego de encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito, a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de ese campo valuado en cifras de varios 0.
Hoy el periodista de El Diario Ricardo Leguizamón, recuerda que esa sentencia “puso la custodia del bien decomisado en manos del Estado provincial, aunque la Fiscalía de Estado recién tomó posesión del campo en 2008. La propiedad había sido incorporada al patrimonio del ex legislador justicialista a través de la sociedad Delrubio & Hunmendi, de la que participaba junto a su ex esposa, Silvia Torres.
Claro que el pleito no acabó allí. Yedro fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja, que todavía no se ha resuelto, rechazando aquella condena.
Además, en 2010 entabló una demanda ante la Justicia Civil y Comercial de Tala para reclamar la devolución del campo que le quitaron. El planteo apuntó en un sentido: la condena judicial recayó sobre el socio gerente y no sobre la sociedad Delrubio & Hunmendi en su conjunto. Así, convirtieron a esa persona jurídica en «tercero no responsable», arguyó.
Esa sociedad comercial quedó integrada, luego de la separación de Yedro de su esposa, por el ex legislador y sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte en 2003.
Pero luego de esa presentación en los tribunales talenses, el procurador general ordenó al fiscal Samuel Elbio Rojkin impulsar una denuncia contra Yedro por los supuestos delitos de «usurpación», al ocupar un campo que había dejado de ser de su propiedad, y además por «estafa procesal», al iniciar una demanda de devolución de un campo que había sido quitado en el marco de una sentencia judicial.
En el marco de esa denuncia fue que la jueza Ríos ordenó a Yedro marcharse del campo.
En la calle. En su pedido para que la magistrada posponga la orden, Yedro no cuestionó el desalojo, sino que pidió más días para concretarlo. Argumentó esa solicitud en el hecho de que los animales que tiene metidos allí adentro «no pueden ser dejados en la vía pública», en razón de que no encuentra un predio para arrendar en la zona «teniendo en cuenta el déficit de tierra dedicadas a la ganadería en la provincia».
Pero puso otro escollo. Al parecer, ninguna de las 1.200 cabezas que posee tienen la marca del dueño, y esa es una tarea por realizar para que, cuando sean sacados del campo, no soportar una penalización del Senasa. Esa tarea, dice Yedro en su escrito, le demandará «un tiempo aproximado de 40 días». Y dice después que no es su intención resistir la orden de desalojo, pero pretende hacerlo en un plazo razonable.
El fiscal Rojkin rechazó el medido, al entender que se constituía en una «maniobra dilatoria». Pero la jueza, después de reprochar la tardanza del Estado provincial en tomar posesión del inmueble –recién lo hizo en 2008, dos años después de conocida la sentencia-y pidió su desalojo en 2011, vuelve a mostrarse condescendiente con el pedido de Yedro, y le da 60 días más de plazo para que pueda desalojar completamente el campo.
El fiscal de Estado aseguró: «Vamos a tomar posesión»
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo ayer a El Diario que la próxima semana se hará la efectiva toma de posesión del campo de Raíces Norte, aún cuando el ex legislador Mario Alberto Yedro continúe durante 60 días con el proceso de mudanza.
En la resolución que tomó la Justicia de Tala en el marco del juicio por usurpación, se dispuso «el inmediato desalojo». Pero además resolvió librar mandamiento «a los fines de toma de posesión a favor del Estado provincial de los inmuebles con todo lo plantado, edificado y anexos», indicó.
«Hágase saber a la Fiscalía de Estado Provincial que deberá arbitrar los medios necesarios para procurar la segura custodia y conservación de los bienes existentes en el predio, permitiendo al personal de Delrubio & Hunmendi SRL las tareas tendientes a la remoción de la totalidad de los bienes y dependientes de dicha sociedad».
Ricardo Leguizamón
