“En fecha 30 de marzo de este año se creó la Oficina Anticorrupción, que depende de la Fiscalía de Estado, y se puso al frente de la misma al doctor Luis Pedemonte que es un profesional de planta con casi nueve años de antigüedad en esta Fiscalía”, informó Mizawak.
Enseguida agregó que “tras ello comenzamos a relacionarnos con quien fue designado por la Legislatura para la liquidación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el doctor De Torres, y en los próximos días, luego de que ubiquemos a la Oficina en un espacio físico, vamos a hacer el traslado de toda la documentación y el resto de los bienes de la FIA que deben pasar por ley a la Fiscalía de Estado”.
La funcionaria acotó que dentro del proyecto de ley de presupuesto, remitido a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, se encuentra el presupuesto de la Oficina Anticorrupción, lo que, una vez sancionado, “permitirá diseñar la propia orgánica y tomar decisiones en cuanto a personal y otras cuestiones que actualmente son transitorias”.
Por su parte, Pedemonte explicó el trabajo que realizará en el nuevo organismo que tiene a su cargo. “Estamos en el inicio de las tareas de organización y coordinación con el doctor De Torres para poner en marcha la Oficina Anticorrupción. La función específica que se realizará es la que deviene de la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, es decir tareas de prevención, detección y, eventualmente, sanción de actos de corrupción dentro del ejercicio de la administración pública”, explicó el funcionario.
Agregó que una de las cuestiones que comienzan a partir de ahora es elaborar una orgánica y delinear la competencia que tendrá la Oficina Anticorrupción.
Entendió que actuar de oficio “podría ser una posibilidad” porque “la idea es hacer hincapié en la prevención de los actos de corrupción y no tanto la denuncia rimbombante”,
Pedemonte indicó luego que por el momento se trabajará dentro del ámbito de la Fiscalía de Estado, pero que gradualmente se irá conformando todo el equipo técnico y profesional.
A su turno, Alberto De Torres explicó la función que le cabe dentro de esta iniciativa y adelantó algunos ideas que se desarrollarán. “Hicimos una tarea perfectamente coordinada con la fiscal de Estado y hemos obtenido la designación, mediante una resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo, para hacernos cargos de los actos administrativos pendientes, que tienen que ver con erogaciones que a partir de ahora se van a cancelar, como el alquiler de un costoso inmueble de calle 25 de Mayo”, comento De Torres.
Agregó que la decisión es buscar un nuevo espacio físico para trabajar con la FIA residual y quedar en la Oficina Anticorrupción con la competencia de toda la documentación “que vamos a examinar prolijamente”.
En este sentido, adelantó que “la idea es, en las causas penales, ratificar la revocación de los poderes donde este organismo anticonstitucional (por la FIA) ha intervenido como querellante y revisar esa intervención”.
