Así mismo agregó: "Su sanción pone en juego los derechos de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores, otorgándole mayores garantías al capital extranjero. Consagra una solapada privatización en la adjudicación de la infraestructura, vivienda, servicios, producción e investigación".
"Con este proyecto se posibilita a los contratistas demandar a la Argentina, por diferencias en la ejecución de los contratos, en el extranjero y ante tribunales arbitrales como el CIADI, siendo de ejecución obligatoria en nuestro país, los laudos o resoluciones de tribunales extranjeros" detalló al respecto.
Por otro lado definió que "sólo impone la obligación de cumplir con los preceptos ambientales a la contratante, no así a la contratista, lo cual contradice la propia ley general de ambiente (N°25.675)".
"Teniendo en cuenta que la principal objeción es la ausencia de control, dejándose la misma en manos, incluso de terceros, hemos propuesto que la unidad de participación público privada se integre con representantes de las universidades nacionales" Concluyó Solanas.
