La situación es de gravedad, por lo novedoso del hecho. Estamos ante un procedimiento extraordinario, de excepción, como es el juicio político. Pero es el único procedimiento para analizar las conductas imputadas a las más altas autoridades de la Provincia, a los fines de su separación o reinstalación en el cargo que ocupan. El juicio político es un mecanismo propio del orden republicano, se inscribe en la lógica de los frenos y contrapesos o controles mutuos entre poderes. En una República de iguales, nadie está exento de rendir cuentas sobre sus responsabilidades en el ejercicio de la función pública ante la sociedad.
Las causales de acusación y las de imputación e investigación ya están dadas y sobre las mismas deben actuar solo los legisladores. Como en todo proceso acusatorio, el estado constitucional de derecho entrerriano exige que se cumpla con el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa con asistencia letrada para los acusados.
Nos preocupa el clima de desconfianza que estos hechos provocan sobre el servicio de justicia. El escepticismo social sobre la función estatal de dar justicia a los ciudadanos es percibido en nuestro diario trabajo.
Peticionamos a los Senadores y Diputados, el más alto compromiso con la institucionalidad de la provincia en estos procesos en marcha. Exhortamos a actuar con el máximo respeto a la constitución provincial, desarrollando las actividades propias del juicio político con la mayor responsabilidad republicana.
