A partir de esta instancia, la O.G.A. deberá realizar el sorteo correspondiente para determinar qué Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de esta capital, será quien conducirá la admisión de evidencias, selección de jurados y el debate oral.
En la audiencia de hoy, que fue transmitida, a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos, la jueza Zilli dispuso además el arresto domiciliario con tobillera electrónica del imputado Gauna, por el término de 60 días o hasta el día de la audiencia de admisión de pruebas (lo que ocurra antes). Hasta que se disponga del dispositivo electrónico, Gauna deberá seguir alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
Asimismo la jueza le impuso la prohibición de mantener contacto alguno con la víctima, familiares de ésta o testigos de la causa, o de realizar amedrentamiento alguno por cualquier medio, y dispuso además que le sea entregado a la víctima dispositivo de botón antipánico.
Ésta es la primera audiencia, en Paraná, de pedido de elevación a juicio de una causa a la que se le dará el trámite por el sistema de Juicio por Jurados.
La audiencia fue presidida por la Jueza de Garantías Elisa Zilli; el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Ileana Viviani y Matilde Federik; Laura Mendoza lo hizo por el Ministerio Pupilar; mientras que los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen ejercen la Defensa técnica del imputado Gauna.
EL HECHO
De acuerdo a lo imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal, el 19 de enero pasado, siendo aproximadamente las 3 horas de la madrugada, en circunstancias en que J.M, se encontraba durmiendo en su domicilio de la localidad de María Grande, Gauna ingresó a la vivienda por la ventana del frente, y sin su consentimiento, la agredió y atentó contra su vida presionando su cabeza contra la almohada impidiéndole respirar. La mujer logró presionar el botón antipánico y llamar la línea 101 pidiendo ayuda.
Gauna, tenía prohibido acercarse a un radio de cien metros a la víctima por el plazo de 90 días (desde el 30 de diciembre último); medidas restrictivas éstas que habían sido dispuestas por el Juzgado de Paz de María Grande en virtud de constatarse una relación de sometimiento crónica, caracterizada por violencia psicológica y amenazas donde el imputado mencionaba que si la veía con otro hombre la iba a matar.
