La ley de creación del programa de protección a testigos en procesos penales por delitos de lesa humanidad está vigente desde marzo. El programa se enmarca en la experiencia que se viene desarrollando desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por impulso de los organismos a raíz del impacto que causo en los testigos la desaparición de Jorge Julio López en 2006.
La Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia es el organismo que lleva a cabo el programa, que se conformará con profesionales de diversas ramas.
Lucila Haidar, secretaria de Justicia del gobierno provincial, informó a DIARIOJUNIO que se está elaborando un decreto reglamentario, que estará listo en quince días. “Estamos trabajando en conjunto con otras reparticiones para darle una base reglamentaria a la ley”, dijo la funcionaria.
En la reglamentación se trabaja “estrechamente” con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión provincial de la Memoria entre otras, “a fin de lograr una articulación con los dispositivos que funcionan a nivel nacional. Es importante remarcar que esta reglamentación es un compromiso asumido por el gobernador Sergio Urribarri para acompañar los juicios y garantizar que todo el proceso se lleve adelante con normalidad”, puntualizó Haidar.
Los acusados del primer juicio entrerriano son seis represores, entre los que sobresale Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, que por primera vez enfrenta un proceso de esta naturaleza. Ramón Díaz Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército; Juan Valentino, ex jefe del Regimiento Gualeguaychú; Naldo Dasso, ex jefe del Regimiento Concordia; y Julio César Rodríguez y Francisco Crecenso, ex policías federales, todos con arresto domiciliario, completan la nómina de acusados.
Se espera que presten declaración unos 70 testigos, a lo largo de aproximadamente cuatro meses de audiencias que se realizarán tres días a la semana en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
