Cabe recordar que en primer término fue la querella la encargada de leer los alegatos en la voz del titular de la Oficina Anticorrupción, Luis Pedemonte, quien había solicitado una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos. Este pedido sería posteriormente superado por el efectuado por el fiscal Chémez que pidió un año más de prisión y de cumplimento efectivo en lugar de condicional, como lo había solicitado Pedemonte.
El alegato de Chemez
El fiscal José María Chémez inició su alegato asegurando que no hubo ningún tipo de nulidad en el proceso, que no se violó ningún principio de congruencia y que la defensa nunca dijo desconocer las imputaciones que tenía el intendente de Santa Elena.
Luego ratificó la constitucionalidad de la figura del enriquecimiento ilícito citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que la declaración de inconstitucionalidad de una norma “es un acto muy importante para las instituciones democráticas”, sobre todo tras la incorporación del artículo 36 a la Constitución Nacional, que establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, y luego con la sanción de la Ley Número 25.188 que pena el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Al respecto, Chémez afirmó que “nuestra sociedad quiere un Estado democrático que persiga este tipo de delitos”.
A favor de la constitucionalidad de la figura legal también citó los casos de que terminaron en las condenas del ex senador provincial Mario Yedro (PJ-Concordia), el ex concejal porteño José Manuel Pico y la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, considerando que se trata de una figura “que no violenta ningún precepto constitucional”.
Luego indicó que la figura penal por la que se juzga a Rossi “es un delito de omisión”, por la no justificación del enriquecimiento, y consideró que su falta es doble por tratarse de un funcionario público, lo que genera “una serie de deberes y quien sienta esto como algo incómodo, debería apartarse de la función pública”, consideró Chémez. Enseguida citó jurisprudencia de las Cámaras de Concepción del Uruguay y de Concordia en la “Causa Yedro” en el sentido de que se trata de “un delito doloso”.
Pasando a la consideración de los méritos de prueba, Chémez recordó que la causa se inició “por la indignación de dos mujeres que fueron dejadas por sus maridos en la misma época”, y detalló el proceso por el cual Ana Pemayón, entonces esposa del abogado Carlos Neumann, le contó a Isolina García, que era la mujer de Rossi, sobre la existencia de las cuentas a su nombre en Uruguay, lo que derivó en la publicación del semanario ANALISIS, el 11 de julio de 1997.
Enseguida hace todo el seguimiento desde la apertura de la primera de las cuentas, en el ING Bank el 12 de junio de 1989 a nombre de Domingo Daniel Rossi González y/o Isolina García, por la suma de 19.000 dólares, que fue cancelada el 3 de julio de 1997 con un total de 272.464,33 dólares. Luego consideró el depósito a plazo fijo abierto el 3 de julio 1997, a nombre de Fermina González y/o María Alba Rossi 262.464,33 dólares, cancelándose dicho plazo fijo el 4 de agosto de 1997 con 263.662,19.
Luego, en referencia al informe presentado por el Banco Surinvest, indicó que “en dicha cuenta, el movimiento de dinero fue mucho mayor”, aunque en un período mucho más breve. La cuenta 1137777 registraba al momento de su cierre un haber de 1.293.228 dólares, mientras que la cuenta 5508247 llegó a tener, en sus innumerables movimientos, un haber de 1.533.712,78 dólares, según detalló el fiscal. Esos datos despertaron irónica risas de parte del abogado defensor de Rossi, Julio Federik, y nerviosos comentarios que al oído le efectuaba el procesado intendente.
El fiscal reconoce que “es muy difícil el seguimiento de las cuentas por la complicada ingeniería financiera que se armó y los movimientos que registraban”, pero consideró que si una cuenta quedaba en cero y después de tres meses sin registrar un movimiento, aparecía otra con otros ingresos, esos deben computarse como nuevos, por lo que estimó que el montó del enriquecimiento que debería justificar Domingo Daniel Rossi sería de 4,7 millones de dólares, de acuerdo a los informes aportados por los bancos uruguayos, que daban cuenta de ingresos por 48 millones de dólares y egresos por 45 millones, más un informe posterior al elaborado por el Juzgado de Instrucción de La Paz.
En ese sentido, Chémez consideró que “la prueba ha sido suficientemente elocuente de que ese ha sido el crecimiento patrimonial del señor Rossi, con dinero depositado en Uruguay, que es un país celoso del secreto bancario, y a través de interpósitas personas que no tienen capacidad para generar estas sumas. El fiscal también destacó que era el “propio Rossi quien manejaba el dinero, pero que su explicación “no es razonable”.
Respecto de la casa de calle Colón que se estima que podría pertenecer al ex vicegobernador, Chémez destacó la declaración de la ex mujer de Rossi, quien reconoció que utilizaba esa casa como si le perteneciera, que por eso adquirió mobiliario y otros elementos; y sumó lo declarado por el propio Rossi quien reconoció que pagaba facturas de gas y televisión por cable. Si bien Rossi afirmó que la casa era propiedad de su hermana y que la había comprado con dinero de su cuñado, un informe da cuenta de que la casa había sido adquirida por la hermana del ex vicegobernador con dinero proveniente de la herencia del padre, aunque los bienes de la sucesión eran de menor valor. Por ello, consideró que “era del señor Rossi y formó parte de su incremento patrimonial”. Por último, recordó que la casa fue vendida a terceros que la habrían comprado de buena fe, luego de iniciado el proceso.
Al momento de referirse a las respuestas que brindó el intendente de Santa Elena, el fiscal Chémez replicó con la pericia realizada por un experto del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Explicó que el perito no valora los ingresos provenientes de la actividad privada puesto que no ha presentado comprobantes, y consideró que un taxista, dueño de un camión y secretario general de la Proveeduría del Sindicato de la Carne no podía haber ahorrado 200.000 dólares. Tampoco se valoraron los ingresos provenientes de la política partidaria porque tampoco hay recibos que lo acrediten. Inclusive señala que no se pudo establecer cuánto ganaba como vicegobernador, por lo que se realiza una estimación. Lo que sí acepta son los ingresos como intendente.
En ese marco, el fiscal plantea que se hacen dos consideraciones, una de mínima y otra de máxima. De mínima, computa lo que está documentado, el 40 por ciento de los gastos reservados, una estimación de lo que pudo haber sido lo percibido como vicegobernador y el sueldo de intendente, a lo que descuenta el 50 por ciento de los gastos de manutención familiar y luego convierte esa suma a dólares de acuerdo a las tasas de cada uno de los momentos, aportadas por el Banco Central. Así estima que Rossi podría haber ahorrado un total de 221.150 dólares. Luego, el planteo de máxima considera todo y se hace sobre la base de un gasto cero entre 1983 y 1995, lo que da un total de 537.703 dólares.
Por último, el fiscal consideró que “hubo una investigación seria”, que no puede plantearse la prescripción de la acción penal porque eso ya fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia y si bien reconoce que la defensa hizo un “inteligente” planteo respecto de “la prueba prohibida y de la violación del secreto profesional” por parte del abogado Carlos Neumann, también rechazó ese planteo.
Al respecto, Chémez dijo que “Neumann era amigo de Rossi. Tenía los papeles como amigo, como consejero, no como abogado de Rossi. Las cuentas se descubrieron por la indignación de dos mujeres que fueron dejadas por sus maridos en la misma época. Y en todo caso, la violación del secreto profesional sería un delito de índole estrictamente privada, pero Rossi no sólo no querelló a Neumann sino que después lo contrató como su abogado”, cerró el fiscal.
El alegato final de Rossi
Visiblemente enojado, Rossi se manifestó “sorprendido” por lo solicitado por el Fiscal de Cámara porque “me están juzgando por algo que no es”. “Acepté las dos cuentas corrientes pero decir que se trata de cuatro millones no existe en el mundo, es una falsedad absoluta, y están los comprobantes en el expediente para demostrarlo”, aseveró Rossi de modo tan indignado que debió pedir “disculpas por el tono” utilizado, “pero es la emoción”, justificó.
“Me extraña lo solicitado por la querella porque son funcionarios del gobierno y tienen acceso a los comprobantes y las planillas que pueden demostrar mis ingresos mientras era vicegobernador o de los gastos reservados; me extrañan las directivas que les han dado y me extraña la actitud pidiendo condena de los funcionarios del gobierno de Busti”, sentenció el ex vicegobernador. “No tienen ninguna planilla, ni documentación, es para que mañana no digan los diarios o sea tapa en alguna revista que Busti dio instrucciones de que no lo condenen a Rossi y que sea absuelto”, afirmó.
“¿Cuál es la intención que tiene este juicio?”, se preguntó el intendente para responderse acto seguido: “Lograr la condena pública –que ya lograron-, y ahora la condena penal”. “Siempre sospeché algo pero nunca lo dije”, admitió. Asimismo, reiteró lo que ya había dicho en la ampliación de su indagatoria, que “si hubiera comprado 700 hectáreas no tendría este problema que tengo hoy, por eso me parece una desconsideración jugar con la libertad y el honor de las personas”. “¿Quién les dio instrucciones. El gobernador de la provincia; la Fiscalía de Estado?”, volvió a cuestionar.
“Con respecto a la ética” de apropiarse de los gastos reservados, Rossi sostuvo que “la ley de presupuesto no obliga a rendir cuentas de esos fondos, porque son de disponibilidad libre”. “Algunos se compraron canales de televisión, yo no compre nada”, refirió. Acto seguido, agradeció “a Dios” por la presencia de los medios de prensa en el juicio porque “se van a enterar los medios nacionales”.
Además, reiteró que “los recursos que se manejan en política son mucho más de los que había en las cuentas” y criticó que se mencionara la existencia de testaferros.
“Muchos se hacen los distraídos pero la política, y sobretodo los partidos políticos mayoritarios, se manejan con una enorme cantidad de dinero”, remarcó.
Por último, aseguró: “Con absoluta honradez he manejado mi vida, y de la misma manera manejé la ciudad de Santa Elena y la vicegobernación de la provincia, con austeridad, honestidad y responsabilidad».
Una vez finalizados los alegatos, el presidente del tribunal Jorge García anunció que el adelanto de la sentencia se dará el próximo lunes a las 9.
