Probablemente, los abogados defensores de Fuertes, Fabián Velazco (contador) y Graciela Christensen (tesorera) descarguen la responsabilidad penal en Osvaldo Saporittis (ex-secretario de Gobierno). La deducción se extrae del comportamiento de todos los imputados durante las jornadas de la semana pasada, de las preguntas de los letrados y de las declaraciones de los testigos que pasaron por la Sala Penal. Además, Saporittis en la última audiencia se sentó lejos de los demás imputados.
En tanto, el defensor de Saporittis ya adelantó que apuntará a los demás imputados e intentará demostrar que su defendido no tuvo participación en el manejo del dinero. Resta saber que línea acusadora seguirá el fiscal de la causa, Carlos Larrarte.
Sobre los cuatro pende la acusación de dos delitos concretos: malversación de fondos públicos y uso de documento privado falso. Las penas por ambos delitos oscilan entre los 2 y 10 años de cárcel.
El proceso que desembocó en el juicio oral comenzó a gestarse en 1999, cuando el Tribunal de Cuentas objetó una serie de gastos efectuados por el municipio por un monto total de $ 11.500. Como el municipio (2º categoría) fundamentalmente depende de la coparticipación para abonar los sueldos (recauda muy poco en concepto de tasas), Fuertes reintegró el dinero. De lo contrario, la Junta de Fomento corría riesgos de quedarse sin fondos para funcionar. Fuertes, en esa época, también tuvo que devolver $ 2.000 al Tribunal por una cuestión similar.
La devolución de fondos es interpretada por el defensor de Fuertes como la prueba que no hubo intención de dolo en los hechos. Independientemente de ello, la causa penal siguió su curso porque, a los fines investigativos, lo que interesa es saber si hubo desvío en el gasto de los fondos públicos y quienes fueron los autores. Entre las pruebas de malversación que integran el expediente existen facturas a las cuales se les agregaron números con bolígrafos distintos.
Quizás hoy, luego de los alegatos de los defensores y el fiscal, el tribunal penal integrado por los jueces Mariela Rojas, Miguel Giorgio y Marta Amaduzzi tenga un panorama más claro que le permita dictar sentencia.
