El proyecto de Resolución al que accedió DIARIOJUNIO (presente en la sesión). señala en los considerandos y luego de relatar una parte del planteo de familiares de detenidos, desaparecidos, ex presos políticos, organizaciones de derechos humanos y sociales, que, “que situaciones como la las planteadas (el nombramiento de Quevedo como juez)… preocupan sensiblemente a este Concejo Deliberante”.
Y siguen “que la función de juez, quien debe impartir justicia, teniendo en sus manos la defensa de la democracia, los intereses y derechos de los ciudadanos y trabajadores es un tema de relevancia social, debiéndose agotar todas las instancias existentes para lograr la transparencia que un nombramiento de estas características merece como lo establece nuestra Constitución provincial reformada en su artículo 6”.
Vale destacar que faltaron tres concejales a la sesión, una de las cuales fue la concejal Mireya López Bernis.
En tanto, la Resolución establece en su punto primero una generalidad casi innecesaria, “repudia cualquier hecho que directa o indirectamente reivindique ideologías antidemocráticas, así como a personas que hayan participado o manifestado su adhesión a ideologías que atente contra los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”.
En tanto en el punto 2 dicen…
“Remitir al Superior Tribunal de Justicia, Consejo de la Magistratura ya la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos las presentes actuaciones a fin de que estos organismos tomen intervención que corresponda instando al fiel cumplimiento del mandato constitucional”.
CARTA QUE LOS ORGANISMOS ENTREGARON A BORDET Y A LOS CONCEJALES
En virtud de que el nombre del juez de trabajo Nº 3 (suplente) Julián Genaro Quevedo, aparece en páginas digitales defendiendo a asesinos y torturadores y exigiendo a jueces federales que no lleven adelante juicios por delitos de lesa humanidad contra militares y reconocidos delincuentes que operaron durante los años de plomo, ciudadanos de esta ciudad, exigimos posiciones claras de las instituciones de la democracia y en especial del Concejo Deliberante cuyo comportamiento histórico en defensa de los derechos humanos tiene larga data.
** Sostenemos que la aparición de su nombre y apellido completo, junto a su número de DNI en por lo menos dos notas, en diferentes años (2002/03) y con la misma orientación ideológica es demasiada coincidencia como para creer, sin más, sus dichos respecto de que él no firmó nada.
** Es ingenuo además pensar que no tiene nada que ver cuando en las notas mencionadas no solo aparece su nombre, sino el de varios integrantes de su familia política (Ortiz), el apellido de su esposa, hija de un militar que prestó servicios en las Fuerzas Armadas en tiempos de la dictadura militar.
** Con solo interrogarse sobre cuál sería la razón que tuvieron aquellos que iniciaron campañas a favor de los dictadores para elegir su nombre, el de su familia y no otros (pudiendo haberlo hecho entre 40 millones de habitantes), salta a la vista que su desmentida actual podría tener más que ver con su necesidad de despegarse, sin costo alguno, de su pasado inmediato que de reconocerlo. Tiene un interés específico y claro para ello : defender un cargo (el de juez) que hasta ahora no ha demostrado merecerlo.
** Desde la aparición de los buscadores de Internet (google y otros) y con el simple trámite de colocar un nombre y apellido completo, aparece la data de cada una de aquellas personas con trayectoria pública o que han participado de algún hecho de esta naturaleza.
** En la era de la cibernética es poco creíble que, Quevedo, sus familiares, sus amigos y mucho menos los integrantes del máximo órgano de justicia no hayan reparado en el detalle de googlear su nombre, pasando por alto que hace casi una década que Quevedo circula en el ciber espacio.
** Tan increíble como esto es reparar en que, pese a que la noticia se conoció hace casi un mes, el juez Quevedo no haya presentado a la opinión pública un Habeas Data que lo desvincule de esas firmas que violentan la conciencia democrática.
**No sería tan difícil ni para Quevedo, ni para el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, solicitar a la justicia federal que intime al grupo conocido como “Memoria Completa”, porque razón incorporaron a esos escritos la firma del ahora juez del trabajo.
**Cualquiera puede observar que al final de por lo menos uno de esos escritos aparece la dirección de correo electrónico de ese grupo habitualmente dedicado a defender a cuánto dictador buscado por la justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos.
**Pedo además, la justicia entrerriana tiene la posibilidad concreta de solicitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el nombre de los responsables de esas páginas digitales que aparecen en la web y de esa manera descubrir la verdad o la falacia de lo publicado.
** Enterados de la circulación de cartas documentos que no pueden tener otro fin que amedrentar la tarea periodística, no aceptamos de ningún modo que ni este juez ni nadie, arremeta contra los periodistas o el/los medio/s que simplemente cumplió/eron con la tarea de difundir una información que aparece en la web. Para ser más claros, el diario digital Junio(a quien nosotros citamos como fuente) no es el responsable de que el nombre de Quevedo aparezca en la web, emparentado con hechos gravísimos, simplemente es un medio que hizo su trabajo de informar de algo que estaba ocurriendo y que ninguno de los principales responsables había reparado.
** Mientras esto ocurra desde nuestro rol de ciudadanos instamos al Intendente Gustavo Bordet y al Concejo Deliberante que solicite al STJ la inmediata separación del cargo de juez de Quevedo, mientras se realizan todas estas investigaciones que traerán claridad a la opinión pública, pues quedará expuesta la verdad y la posibilidad de iniciar acciones criminales contra quienes eventualmente pudieron haber falseado la verdad con fines inconfesables.
