Entonces, los judiciales consiguieron la promesa del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto de ley a la Legislatura que supondría una modificación en la porcentualidad del enganche salarial. De acuerdo al compromiso oficial, el enganche con el haber de un vocal del STJ pasaría del actual 70 al 75 por ciento en julio próximo, para llegar al 87,5 por ciento en enero de 2010.
Pero ahora aquella promesa parece hacerse añicos, y las relaciones entre el Gobierno y los judiciales vuelven a tensarse tras la publicación del Decreto Nº 2.053, del 21 del actual, mediante el cual se dispuso otorgar a los vocales del STJ, al Procurador General y al Defensor General del alto cuerpo “una bonificación de carácter remunerativa equivalente al 30 por ciento de las remuneraciones que les corresponde en concepto de sueldo básico e intangibilidad”.
El artículo 4º establece que la bonificación —que en el caso de los magistrados será del 20 por ciento, siempre que no ejerzan otro cargo en el área privada— en forma desdoblada: entre el 1º de abril y el 30 de junio, el 50 por ciento; y la otra mitad, a partir del 1º de julio.
Aunque deja establecido que el adicional se otorgó a los magistrados en tanto éstos ejercen su función en incompatibilidad —sin la posibilidad de tener otro empleo— y que por esa razón “el adicional que se crea por esta norma no es susceptible de computarse a los efectos de la liquidación de remuneraciones de los empleados que se desempeñan en el Poder Judicial”.
Pero para AJER, se trata de una fundamentación “engañosa” para otorgar “un real aumento de haberes del 30 por ciento a los Vocales del STJ, Procurador General y Defensor General y del 20 por ciento a la magistratura y funcionariado judicial”. Y subrayó que la norma “expresa (la) voluntad política del Gobernador de violar la Ley de Porcentualidad vigente”. Y por eso, afirmó que la medida resulta “ilegal”.
El enojo de los judiciales se traducirá, desde hoy, en medidas de fuerza en los tribunales provinciales que consistirán en asambleas de dos horas, hasta el miércoles. Ese día, habrá un plenario provincial de delegados en Paraná que determinará los pasos a seguir.
Según AJER, con el decreto de aumento salarial otorgado a los magistrados, el Poder Ejecutivo incurre en un incumplimiento del artículo 2º de la Ley Nº 8.654, del 28 de abril de 2002, que estatuye que para el caso de que “por cualquier motivo y/o concepto se incremente la remuneración asignada a los vocales del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, se aplicará simultáneamente para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial la porcentualidad de enganche establecida legalmente”.
Mabel Pedrero, vocera de AJER, dijo que el reclamo de todos modos no se judicializará, sino que la idea en el gremio es “defender la ley en la calle, aunque vamos a responsabilizar al Gobierno y al Superior Tribunal por una eventual paralización del servicio de justicia derivada de las medidas de fuerza que adoptemos”.
El gremio fijó el reclamo en cuatro puntos, a saber:
1) la porcentualidad salarial con enganche “cuya esencia es la equitativa y proporcional remuneración de los agentes del Poder Judicial de Entre Ríos, es ley en la provincia y ningún decreto puede desconocer su vigencia”;
2) por eso exigió al Poder Ejecutivo “la extensión de los beneficios del Decreto Nº 2.053 a toda la planta del Poder Judicial sin distinciones ni trampas legales que sólo generan discriminación y litigiosidad”;
3) pidió además que se pronuncie el STJ “por la vigencia y respeto de las leyes, rechazando cualquier decreto que pretenda imponer su letra por sobre una ley vigente”;
4) y responsabilizó “a las autoridades provinciales y al STJ por cualquier alteración en la prestación del servicio de justicia motivado por las medidas de acción directa que esta desafortunada decisión política nos obligue a tomar”.
Fuente: Análisis
