El organismo dio a conocer una medición de emergencia frente a la devaluación del peso y el alza de la inflación, que en julio fue del 3,1 por ciento, con un acumulado del 19,6 por ciento en lo que va del año, mientras que la jubilación mínima se ubica en los 8.200 pesos. "En Argentina, con 8 mil pesos, nadie puede vivir y estamos hablando de un universo de 7 millones de personas", apuntó Semino.
En ese sentido, el defensor de la Tercera Edad advirtió que dentro de ese universo de personas, contemplan a los 1,3 millones de personas que reciben pensiones no contributivas, en su mayoría personas con discapacidad, que enfrentan "condiciones de infraconsumo", debido a que perciben 6 mil pesos mensuales.
La canasta de la Defensoría releva los gastos de vivienda, alimentación y medicación de los jubilados en Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba capital y Rosario, los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayor densidad de adultos mayores. Semino destacó que, en los últimos seis meses, los insumos de farmacia, que no son contemplados dentro de los medicamentos cubiertos por las obras sociales, tuvieron aumentos de hasta el 30 por ciento por estar dolarizados.
"Lo que es necesario es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad jubilatoria", aseguró Semino y exigió que el pago extraordinario sea cubierto con el flujo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja el ANSES y cuyos activos figuran como herramientas de liquidez para alcanzar los acuerdos firmados con el FMI.
"El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en lugar de estar a disposición de organismos multilaterales, deba estar en el único lugar seguro: el bolsillo de jubilados, que genera impuestos y trabajo con el consumo interno", resaltó Semino y pidió "discutir este tipo de cosas y no cómo se sigue recortando la miseria de quienes integran un tercio de nuestra población".
