«Hemos firmado petitorios en varias oportunidades y por diversas causas, dando por hecho que en algún momento los reclamos llegan al destinatario. Por eso, apenas supimos de la Resolución armamos la campaña para que, con la colaboración de todos, logremos que se replantee la resolución de habilitar la caza de animales autóctonos en la provincia. Un dictámen sin fundamentos», remarcó por su parte Mariana Carreras, otra propulsora de la movida
«Es increíble que mientras la mayoría de los países del mundo hacen lo imposible para proteger la fauna autóctona prohibiendo la caza indiscriminada, aquí por el contrario, se los incluye en una lista permitida. Y peor aún, después de un año muy difícil, donde por la sequía y los incendios ya hemos perdido muchos ejemplares», agregó Cajigas, reparó: «Si bien la Ley 22.421 regula la caza como forma de protección de la fauna silvestre, es un método que a estas alturas debería revisarse»
Por tal motivo, «rechazamos absolutamente la determinación de los responsables de cuidar el medio ambiente. La caza NO DEBE SER un deporte, debemos proteger nuestras especies y para eso es importante que todos firmemos».
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Más repudios y escraches
La medida tomada por la Dirección de Recursos Naturales, que abrió la temporada de caza menor e incluyó a cinco especies autóctonas dentro de las habilitadas: Pato cutirí, pato picazo, sirirí colorado, sirirí pampa e inambú, provocó un masivo rechazo de la sociedad y fue también criticada por la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de la Red Eco Socialista, Nadia Burgos: “No refleja más que una clara política ecocida y muy similar a la de un gobierno negacionista del cambio climático», sostuvo Burgos y agregó que «ante los gobiernos que priorizan los intereses de las corporaciones y mercantilizan la naturaleza en su conjunto, necesitamos medidas radicales que protejan los intereses de los pueblos para preservar la flora y la fauna de nuestro país, medidas ecosocialista”.
«¡Qué incoherencia!»
Así resumieron la medida los miembros la Comisión Directiva de CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) y agregaron que «mientras muchísimas instituciones y personas están apostando al turismo de naturaleza en la Provincia de Entre Ríos, hay funcionarios que van a contramano, autorizando la cacería de aves silvestres sin estudios previos, sin capacidad de control, sin obligar a reemplazar las balas de plomo por las de otros materiales que no generen contaminación acuática y el potencial saturnismo, y sin monitoreos de escala regional para saber cómo responden las poblaciones de patos a la caza.»
Del mismo modo, remarcaron que entre esas especies está el pato picazo (Netta peposaca) que migra desde Brasil, donde está protegido. «Parecen desconocer que hay especies, como esta, que vuelan de una jurisdicción a otra. De nada sirve que Brasil la proteja si en la Argentina las autoridades de la Provincia de Entre Ríos permiten matarlas. Especies compartidas necesitan medidas de conservación compartidas».
Por otra parte, consideran que «el Ministerio de Ambiente de la Nación debe llevar cuanto antes un registro nacional de los cazadores (como lo pauta la normativa).»Sólo así podría saberse cuántos cazadores ingresan desde el exterior, porque si no se sabe cuántos son, menos podrá estimarse la cantidad de animales que terminarán muertos por ellos. Tal como lo vienen pidiendo muchos, es necesario que se derogue cuanto antes la Resolución 1099, porque es una vergüenza. Esperemos que el Sr. Gobernador Gustavo Bordet intervenga para interrumpir esto cuanto antes».
De igual modo, organizaciones sociales e incluso cazadores también protestaron contra la resolución e hicieron un escrache en la sede de la Dirección de Recursos Naturales, ubicada en Echagüe 746 de Paraná. El viernes 28, colocaron pancartas frente a las oficinas del director de la repartición, Mariano Farall; el de Fiscalización de Fauna, Sebastián Vergara; y el coordinador, Román Ulián, exigiendo la renuncia de todos.
Farall: «Este tipo de normativas, lejos de ir en contra del medio Ambiente, buscan el manejo ecosistémico y cuidar las especies«
Vale recordar que ese mismo día, Farall había respaldado la polémica resolución en los medios de prensa e intentó justificarla: “Este tipo de decisiones no se toman así nomás y no somos la única provincia que las toma. Trabajamos interinstitucionalmente con un montón de instituciones ambientales, del sector productivo y con organismos de otras provincias para determinar este tipo de normativas. No es que (las resoluciones) se crean por arte de magia y los números se determinan desde un escritorio. Son decisiones que se toman en conjunto y con opiniones y fundamentos científicos y este tipo de monitoreos”, señaló el funcionario.
Sin embargo, desde el organismo que dirige no se hizo público ningún tipo de estudio sobre el estado poblacional de las especies habilitadas ni sobre la presión de la caza.
En cuanto a los establecimientos de turismo cinegético que traen extranjeros a cazar en suelo entrerriano –uno de los puntos más polémicos- el funcionario mencionó que “los tenemos totalmente chequeados y los habilitamos desde provincia. Este tipo de normativas, lejos de ir en contra del medio Ambiente, buscan el manejo ecosistémico y cuidar las especies”, explicó.
DIPUTADOS TRATARÁ LA DEROGACIÓN DE LA CAZA DE AVES SILVESTRES
Finalmente, el diputado provincial Manuel Troncoso (PRO) ingresará la próxima semana un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo provincial que intervenga para dejar sin efecto la Resolución 1099/22 en Entre Ríos. En los considerandos, se indica que la solicitud “tiene como objeto proteger la fauna autóctona de nuestra provincia y a la vez generar conciencia respecto de su importancia y el peligro al que se encuentra expuesta». En este sentido «es importante destacar que la fauna de nuestra provincia se vio afectada por innumerables focos de incendio que azotaron nuestro territorio agravándose dicha situación a causa de un extenso periodo de sequía”, detalla.
La medida, que permite abatir liebres, perdices y patos de tipo Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado y Capuhino, entre el 15 de agosto y en determinados zonas, contempla en gran parte a especies nativas, por lo cual “va a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo donde la tendencia es limitar cada vez más la caza de fauna autóctona debido a la alarmante disminución de las poblaciones y la extinción de especies”, agrega Troncoso en los fundamentos, tomando parte de los argumentos de las entidades estudiosas de la naturaleza.
Es así que el legislador aguarda a que la Cámara Baja apruebe el pedido para “solicitar al Poder Ejecutivo que intervenga ante la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia e instrumente las gestiones necesarias tendientes a dejar sin efecto la Resolución.
