Entre los puntos principales de la iniciativa se destaca que el Estado garantice los requisitos nutricionales de niños y jóvenes para una alimentación completa y saludable, reforzando al doble las partidas destinadas a comedores y merenderos y garantizando el acceso a una Canasta de la Economía Popular (CAEP) para familias en situación de vulnerabilidad. Esto contempla en principio una reasignación presupuestaria por 10 mil millones de pesos para aumentar en un 50% las partidas que reciben comedores y merenderos.
"Hoy la mitad de las familias argentinas no tienen ingresos para garantizar su alimentación, los precios suben todos los días y el Gobierno no hace nada para revertirlo”, aseguró Lucila De Ponti, diputada nacional del bloque del Movimiento Evita, quien insistió en comprometerse a sancionar la ley porque "no alcanza sólo con decirlo en campaña mientras nuestros pibes y pibas pasan hambre".
La norma buscará además poner énfasis en controles de salud y educativos para prevenir casos de desnutrición infantil, como así también promover y desarrollar a pequeños productores y agricultores familiares para satisfacer esa demanda, al tiempo que se da respuesta a un reclamo que desde hace tiempo llevan adelante diversas organizaciones territoriales.
El proyecto de ley será presentado hoy por sus autores, Federico Masso (Libres del Sur) y Lucila de Ponti (Peronismo para la Victoria), lleva además la firma de legisladores del Frente Renovador, del Partido Socialista y el GEN, de Margarita Stolbizer.
Lo que suceda hoy servirá como un preparativo para la marcha que se realizará el próximo lunes 7 de agosto. Ese día los movimientos sociales juntos con algunos gremios movilizarán desde la iglesia de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo con el mismo reclamo y bajo la consigna “El hambre no espera”.
