Los jardines, que reciben chicos desde los 45 días de edad hasta los 4 años, están cerrados desde el 20 de marzo. “El problema es que no tuvimos acceso a ningún beneficio porque la mayoría de las dueñas de los jardines a su vez, trabajan en la provincia. No son beneficiarias de los créditos a tasa cero ni nada” dijo Gabriela. “La mayoría que iniciamos los jardines lo hacemos por amor a la profesión pero para iniciarte tenés perdida. Entonces siempre tenés perdidas. Y por estar trabajando en el Estado tampoco accedemos a ningún tipo de subsidio ni crédito a tasa cero”, explicó Josefina.
En la nota se detalla que, debido a la suspensión de las actividades por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio que se extiende hasta el día de la fecha, “nuestras instituciones sufren una serie de dificultades económicas, ya que todas ellas se sustentan exclusivamente del pago de las cuotas mensuales y, en la actualidad, las familias -también afectadas por la situación económica- deciden dejar de abonar un servicio, pese al envío por parte del personal de actividades por medios virtuales o incluso la reducción en las cuotas”.
“Hay padres que ya avisaron que ni vuelven este año porque su trabajo se vio afectado. Es entendible, vieron afectados su entrada económica y no pueden afrontar gastos extra como el jardín”, explicó. Gabriela explicó que, del 100 % de los alumnos que tenían hasta el inicio de la cuarentena, un 60 % dejó el jardín y del 40 % que queda, los padres abonan el 50 % de las cuotas. Una cuota de un jardín privado vale en Concordia, en promedio, ronda los $ 2.000. En consecuencia, los progenitores abonan $ 1.000.
“Dependemos de la cuotas de los chicos. No tenemos otro ingreso. Todos los costos lo sustentamos con eso”, detalló Josefina. En su caso, dijo que el 30 % de los padres perdió el trabajo. Otro porcentaje decidió que sus hijos no van a volver al aula hasta que “no pase todo”. “Ahí ya tenés un 50 % de alumnos”, dijo. Y del 50 % restante, un 20 % volvió a trabajar pero pagan niñeras para que los cuiden y, en consecuencia, no tienen para la cuota del jardín.
“Hay familias que tenían trabajos particulares, como ventas personales, donde vos visitás, vas a la casa, se corto totalmente. Y después hay empleados de comercio que recién están reactivándose”, dijo la mujer. “Hay otros que quedaron sin trabajo, porque directamente los despidieron, porque estaban en negro. Y a otros que les redujeron el sueldo a la mitad”, sostuvo Gabriela.
En la misiva enviada a la intendencia y al Concejo Deliberante se señala que “la falta de este ingreso torna imposible que estas instituciones puedan afrontar una estructura de pagos de manera ordinaria, corriendo el riesgo de cerrar definitivamente sus puertas, es por esto que, además de solicitarles que consideren a nuestra actividad de gran valor para las familias ya que brindan asistencia y cuidado a un gran porcentaje de niños/as de la población, es que también demandamos que se nos exceptúe del pago de la tasa comercial u otros impuestos como se ha hecho con otros sectores”.
A su vez, al mismo tiempo, con ingresos sumamente reducidos tienen que afrontar el pago de los alquileres, además de los impuestos, las tasas y los servicios fijos. El cuello de botella es más agudo aún para los que recién comenzaron a funcionar. “Y un alquiler está alrededor de $ 20.000, $ 30.000, hay chicas que pagan $ 50.000 en el centro”, dijo.
En la nota, entregada en Mesa de Entradas del municipio, pidieron que se tome en cuenta la gravedad de la situación. Además, se detalló un protocolo de funcionamiento una vez que se normalice el funcionamiento del sistema educativo a nivel nacional. El protocolo es elevado a la Provincia y de ahí a la Nación.
Entre otras cuestiones, en el protocolo se regula el ingreso a la institución educativa. “Que no vengan cuatro mayores a traer a un niño, cosa que a veces pasa. Que sea uno el adulto responsable que lleve y traiga al niño que cumpla con las medidas sanitarias”, dijo Gabriela. Dentro del aula, explicó que en los privados hay más espacio que en los salas de nivel inicial de las escuelas. En promedio, una decena de chicos en los privados y 25 en la públicas. “Puede haber una docente con 10 niños respetando los 2 m² separados. Se pueden limitar los juegos. Si bien entre ellos es medio imposible que mantengan la distancia, se pueden aislar al grupo del resto”, sostuvo.
En tanto, Josefina dijo que se trata de salitas de 10 alumnos que pueden funcionar en horarios reducidos. “Sabemos que es riesgoso; no es que no pensamos en nada y solo queremos abrir. Seguimos trabajando porque damos actividades todos los días por las redes a los alumnos. Pero al ser tan chiquitos es muy poco lo que interactúan y los padres no están preparados como para trabajar con ellos. Entonces les resulta más tedioso que lo que es provechoso” recalcó.
También acudieron a la Cafesg pero allí les ofrecieron un préstamo. Josefina explicó que sino pueden sustentar los costos actuales, menos van a estar en condiciones de devolver dinero. De hecho, mencionó que hay jardines “de toda la vida que ya cerraron”. “No es para publicar los nombres pero hay uno que hace mas de 20 años que funcionaba que cerró. Y ayer veía como se mudaban otros. Es triste la situación porque es el trabajo, es mucho esfuerzo de toda la familia de mucho tiempo”, indicó.
No obstante, Josefina remarcó ante tanta adversidad se unieron a nivel ciudad y a nivel provincia. El lunes entregaron la carta en Paraná, en la gobernación, reclamando un encuentro con el mandatario provincial Gustavo Bordet para presentar el protocolo, pedir un subsidio y la excepción de los impuestos provinciales.
Por último, Gabriela sostuvo que las familias que están volviendo a trabajar no tienen quien se ocupe de sus hijos. “Realmente necesitan los jardines para poder realizar su labor diaria, ya sea profesional o comercial. No tienen familias para que los cuiden y deben y necesitan cumplir el horario de trabajo”, indicó.
