“En primer lugar se mencionó la existencia de un oligopolio de empresas farmacéuticas. Más allá que puedan existir grupos de principales actores en el mercado argentino, actualmente trabajan más de 200 laboratorios en el país.
A esta realidad se llegó gracias a la política de medicamentos del Gobierno Nacional desde el Ministerio de Salud en la Gestión de Gines González García, que a partir de la ley del medicamento genérico, permitió abrir paso a la competencia generándose, una sustancial baja en los precios nunca observada antes. Esta política continuada y profundizada hasta la fecha, logró además que los precios del mercado público y privado argentino sean de los más bajos a nivel mundial, lográndose estándares de calidad RECONOCIDOS MUNDIALMENTE. Corresponde mencionar, que la gran mayoría de estas empresas son de capitales nacionales.
La otra columna que sostiene la política nacional en materia de medicamentos, es el Programa Remediar, con el cual se elimina la supuesta fragmentación social respecto al acceso al medicamento entre ricos y pobres.
Es necesario hacer notar, que la fabricación de medicamentos que encararon algunas provincias argentinas, obedece a la inexistencia de establecimientos productores privados de relevancia en tales jurisdicciones. En cambio en Entre Ríos, varias empresas farmacéuticas vienen produciendo desde hace décadas y exportando en su conjunto a más de 70 países.
El gobierno provincial en lugar de ir a contramano -como pretende decir el dirigente radical-, en realidad fue más allá y redobló la apuesta en tal sentido:
Hasta el 2011 desarrolló un Programa de Promoción Comercial de Productos Farmacéuticos y Biotecnológicos en acuerdo con los distintos actores de la cadena productiva, que permitió durante cuatro años aumentar sensiblemente la exportación a países de Latinoamérica, de Asia, África, y Europa. Asimismo. La actividad coordinada permitió aumentar la participación entrerriana en los planes de compra de organismos multilaterales, tales como ONU, OEA y PNUD. Esta enorme actividad silenciosa pero sumamente efectiva, permitió incrementar los niveles de ocupación de mano de obra sumamente calificada tanto en la producción como en la investigación.
En el marco de dicho programa se realizaron dos misiones comerciales al exterior, e innovando frente a la práctica de gestiones de otros gobiernos, logró armar dos misiones inversas trayendo compradores extranjeros a la provincia.
Nuestra provincia, por ejemplo, fue una de las principales proveedoras en los luctuosos días de los terremotos de Chile y Haití.
Los resultados de este política sectorial, también benefició a diversas profesiones y actividades conexas de la cadena, fomentando la existencia de recursos humanos altamente calificado y capacitados para un sin número de necesidades en estas y en otras industrias (ej. alimenticia)
También la provincia logró en estos últimos años, certificar a un laboratorio de apoyo analítico a la industria farmacéutica, en diversos países de Latinoamérica, esto habilita la realización de estudios sobre bioequivalencias y biodisponibilidad del medicamento, ubicando a la provincia a la cabeza de todas las restantes del país.
Respecto a la producción estatal, como lo sostiene la doctrina justicialista, el papel del estado es subsidiario en tanto y en cuanto no existan actores no estatales que puedan ejercer la actividad en las condiciones que se necesitan. El gobierno provincial sería -a mi entender- totalmente irresponsable, comprometiendo al erario público si pretendiera levantar un laboratorio exclusivamente estatal, cuando es factible conseguir los productos a precios razonables en el mercado. En su momento este argumento -hace más de 10 años- se le hizo saber a Rotman, ya que resultaría absolutamente inviable un proyecto con las características propuestas, atento a que la baja de precios sostenida que provocó la ley de medicamento genérico, haría imposible el recupero de la inversión que se pretendía en tiempo razonable.
No está demás indicar, que varios de esos laboratorios estatales que Rotman menciona como ejemplos, en realidad no tienen menores costos, ya que los mismos no integran los costos laborales por utilizar plantilla estatal, entre otras cuestiones, inclusive no contando muchos de ellos con todas las especialidades medicinales necesarias.
Lo que sí es una acción concreta a realizar en conjunto con los demás actores económicos de la cadena productiva y actores sociales vinculados y comprometidos con la problemática de la salud, sería cubrir las necesidades de otros producto de tratamientos especiales, retrovirales y oncológicos, que son los que sí efectivamente se llevan la gran parte de la torta que implica el gasto público y de las obras sociales en el país.
¿Por qué es importante esto último?, porque es dónde hay que trabajar en el acceso igualitario: un pobre, enfermo de cáncer ò de sida es muy probable que muera antes que uno rico, ya que dichos tratamientos cuestan millares de pesos. Es ahí en donde el estado no debe mirar para el otro lado, como sí hizo el ex gobierno radical empecinado en querer mostrar que podía hacer medicamentos y que NUNCA HIZO UNA SOLA PASTILLA ni para el dolor de cabeza.
También entiendo que sería beneficioso trabajar en la modernización y capacitación del gerenciamiento en la gestión de adquisición y compras en los hospitales y centros de salud.
Respecto al proyecto del laboratorio de Federal cabe recordar, que:
Lo poco que producían las farmacias de los hospitales públicos fue cuestionado en su momento por su lamentable estado de producción, de hecho en algunos lugares lograron producir en forma absolutamente rudimentaria y SIN NINGUN CONTROL DE CALIDAD. Esa fue la realidad, y ya se había dejado de hacer esto antes de que el gobernador Montiel se vaya del gobierno.
El supuesto laboratorio INFADER sólo fue un Decreto, nunca tuvo capital, hubo un compromiso de aportes del Estado que Sergio Montiel nunca realizó, nunca tuvo bienes, nunca tuvo una planta, ni un depósito, nunca tuvo personal, nunca tuvo materia prima, mucho menos personal capacitado: SOLO EN LA IMAGINACION.
Lo que sí el proyecto generó fue:
Una compra hecha a tan sólo 15 días antes de retirarse del gobierno, de supuestos elementos que aun hoy son de paradero desconocido. Debido a ello, hay ex funcionarios radicales investigados y procesados por malversación y desvío de caudales públicos.
El plan para poner en funcionamiento al laboratorio, que no fue consensuado con ningún sector pertinente, estaba pensado en un reducido plazo de 9 meses, cuestión altamente improbable y que no resistía un análisis técnico.
Se previó un presupuesto de 7 millones de dólares, cifra que supera holgadamente el monto que hoy se tiene estimado para una planta de dichas característica. Esos 7 millones eran aportados por el PNUD (Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo) en un proyecto que lamentablemente cayó por los manejos apresurados del propio gobierno radical, como consecuencia, Entre Ríos quedó mal posicionada ante esta agencia multilateral de crédito”.
