En el año declarado por la F.A.O. (Naciones Unidas) de la Agricultura Familiar, esta ley viene a coronar un trabajo mancomunado del Estado Nacional, los Estados provinciales y las instituciones civiles, en un país donde el 65% de la población rural es en base a la agricultura familiar, donde hay más de 250.000 establecimientos agropecuarios y donde cerca de 2.000.000 de personas diariamente producen los alimentos de nuestra mesa diaria.
Este sector de la economía ha sido clave en la recuperación del país en materia de producción de alimentos, generación de empleo, dinamización de las economías regionales, arraigo y ocupación territorial, resguardo de la biodiversidad, contribución a la seguridad y soberanía alimentaria, transmisión de saberes entre generaciones, canales de comercialización directos o cortos.
Así se destaca en Argentina que este sector representa el 66 % de unidades productivas agropecuárias, 13,5% de la superficie cultivable, es decir 30,9 millones de hectáreas, 53 % de la mano de obra rural y el 20% del Valor Bruto de la Producción Primaria, en regiones como el NEA y el NOA, superan el 80% de los productores agropecuarios.
Acceso a la tierra
En este sentido, la norma considera a la tierra como bien social y crea un banco de tierras para el desarrollo de emprendimientos productivos que promuevan el arraigo rural, de manera articulada con provincias y municipios.
Suspensión de los desalojos
La normativa busca dar protección legal a las familias que poseen y trabajan la tierra desde hace décadas. Productores y productoras que por carencia económica o falta de políticas públicas diferenciadas no lograron la seguridad jurídica que por derecho merecen. En su artículo 19, suspende por tres años los desalojos y genera una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural. En este marco se evalúa cada situación particular y se crean mecanismos para mensurar la tierra, un punto fundamental en los procesos de titulación.
Semillas nativas
Se funda, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, el Centro de producción de Semillas Nativas, con el objetivo de promover su utilización, acopio, producción y comercialización. El organismo tendrá a su cargo la tarea de promover la investigación y la preservación de estas variedades que forman parte del proceso de selección realizado por pueblos originarios, comunidades campesinas y pequeños agricultores.
Desarrollo inclusivo
La Ley prevé la promoción de las ferias locales, zonales y nacionales de la agricultura familiar para apoyar el contacto directo entre productores y consumidores. También contempla políticas de infraestructura rural y medidas tendientes a garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos esenciales en las comunidades. Además, prioriza la investigación productiva para el desarrollo de los pequeños productores en conjunto con universidades y escuelas de educación agraria. Su organismo de aplicación será el Ministerio de Agricultura, con participación del Consejo de la Agricultura familiar, Campesino e Indígena.
Financiamiento
Ha sido creado el Consejo de la Agricultura Familiar, mediante la Resolución 571 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. Allí se manifestó el compromiso de trabajar de inmediato en la reglamentación de la Ley, con especial énfasis en la cuestión presupuestaria, pautada en 1.500 millones de pesos.
Una ley histórica
Cerramos 2014, el Año Internacional de la Agricultura Familiar, con la aprobación de una Ley que ampliará derechos en el interior profundo de nuestro país. Con esta herramienta, desandamos décadas de invisibilidad de un sector estratégico, que se potenciará con apoyo firme del Estado nacional y podrá hacer un importante aporte al abastecimiento de alimentos sanos a la mesa de los argentinos. La norma permitirá avanzar en la consolidación de un modelo agrario más nacional, popular e inclusivo, sustentable en términos económicos, pero al mismo tiempo en términos sociales y ambientales.
