Según lugareños que pudieron observar de cerca el sembradío, el avance de crecimiento del trigo es importante teniendo varios centímetros de altura y, la extensión que abarcaría esta nueva siembra alcanzaría las 1.000 has según expusieron ambientalistas que sobrevolaron el lugar días pasados.
Esta empresa holandesa, realizó tiempo atrás siembra y cosecha de alrededor de 4.000 hectáreas divididas entre sorgo y soja. Esto trajo aparejado numerosos conflictos gubernamentales para saber qué organismo era el encargado de normar la actividad y regular la misma, siendo que los organismos que intervinieron no pudieron frenar la siembra en el humedal virgen por el vacío legal existente ante este tipo de emprendimientos sobre el delta entrerriano.
Luego de distintas reuniones y numerosas presentaciones en la justicia que fueron desestimadas en su totalidad, las autoridades locales sancionaron la Ordenanza N° 2775, que norma la aplicación de multas a todas aquellas personas que generen actividades agrícolas e industriales en las islas del departamento Victoria.
Esta Ordenanza fue creada luego de que el Superior Tribunal de Justicia expusiera en el expediente que desestimó el amparo judicial solicitado por los ediles Molla y Juárez, que el organismo competente para intervenir en estas cuestiones de medio ambiente es el Juzgado de Faltas quien es el encargado de aplicar las Ordenanzas Locales”.
En tal sentido, luego de la sanción de la norma Diario Victoria consultó el edil Juárez quien indicó que, “En función de ello y tipificando esta infracción que puede denunciar cualquier persona, la Jueza de faltas con la Ordenanza que prohíbe la actividad agrícola e industrial podrá aplicar la Ordenanza de medio ambiente. Toda actividad agrícola que se realice en las islas tendrá la correspondiente sanción del Juzgado de Faltas, de manera tal que la Jueza de Faltas hoy cuenta con una herramienta para que cualquier ciudadano haga la denuncia y aplique la sanción correspondiente”, destacaba Juárez indicando que las multas de encontrarse el incumplimiento a la norma puede ser penada hasta con multas de 5.000 a 100.000 pesos de fideicomiso.
La norma de aplicación existe, pero lo que falta en el ámbito comunal es un ente encargado del contralor de las actividades en las islas, exceptuando a la dependencia municipal de Delegación Municipal en Islas, que no cuentan con el personal destinado para ese fin y que hasta el momento desconocen que esta actividad comenzó a desarrollarse nuevamente.
