De este modo, luego de que la Fiscalía de Estado informara que “no le corresponde intervenir” porque se trata de lotes privados, la Justicia resolverá si acepta o rechaza los amparos. En caso de no dictaminar favorablemente, se continuará con los trámites administrativos, y deberán ser el intendente, César Garcilazo, y autoridades del Concejo Deliberante los encargados de definir la cuestión.
En la Ciudad de Las Siete Colinas hay ordenanzas que prohíben la siembra y el movimiento de tierra sin consentimiento del Concejo, pero la polémica se desató ante la presunta violación de la empresa, que compró a un privado el lote 60 y comenzó un emprendimiento millonario.
Amparos. Dos amparos ambientales fueron presentados a la Justicia contra la firma holandesa Bema Agri BV para que cese la construcción de terraplenes, siembra y fumigación en unas 10.000 hectáreas de islas ubicadas en el ejido de Victoria, entre el río Paraná y los arroyos Estévez y Los Laureles, frente a Villa Constitución, informó La Capital.
La primera presentación judicial, que en principio no llevaba un encuadre definido, fue realizada “en calidad de ciudadanos” por los ediles oficialistas Rodrigo Juárez y José Molla, ante el Tribunal Civil y Comercial de Victoria, a cargo de Marisela Faccendini.
La jueza otorgó tres días para que Bema Agri hiciera su descargo, y en ese plazo la empresa –asistida por cuatro letrados– respondió que el recurso presentado por los ediles es improcedente y aludió a que las normas municipales que prohíben la actividad agrícola en las islas de jurisdicción de Victoria son inconstitucionales.
A su vez, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, informó a UNO que la jueza interviniente en el caso corrió traslado a su Fiscalía porque “podrían estar comprometidas islas del dominio público”, pero luego del “análisis de rigor”, se contestó que “no son tierras fiscales”. El segundo amparo ambiental contra la firma fue presentado por el Ejecutivo municipal y fue desestimado por el juez de Instrucción local, Alejandro Calleja, por considerarlo “inadmisible” porque la presentación superó los plazos estipulados para que se considere que existió un daño ambiental. Anoche, la Asesoría Letrada comunal informó que apeló el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia que en unos 15 días resolvería el recurso. El municipio reclama que se “deje sin efecto la declaración de inadmisibilidad y se le dé trámite”. El objeto del amparo “es la paralización inmediata de la siembra y el movimiento de tierra”.
Daño continuo. Para el concejal Juárez, este presunto rechazo del Juzgado de Instrucción “sentaría todo un precedente” en el controvertido caso, y consideró que no corresponde declarar la extemporaneidad del recurso del Ejecutivo ya que “el daño ambiental es continuo”. “La empresa sigue levantando terraplenes y sigue sembrando. En estos momentos el sorgo está altísimo y en el lugar hay bolsas de silo con la soja cosechada anteriormente”, denunció también el edil y abogado según reproduce el diario rosarino.
Además, sobre los sembrados se aplican agroquímicos y hay actas de constatación oficiales que registran testimonios de los lugareños sobre las complicaciones respiratorias y en la piel que sufren a raíz de estas prácticas en particular. Otro párrafo merece el tratamiento de los bidones contenedores de los herbicidas que, de no ser el adecuado, puede perjudicar seriamente el suelo y el agua. Se conoce que la empresa los deposita en una fosa común y que habría intentado incinerarlos, pero sin éxito.
Millonaria inversión. Bema Agri adquirió en marzo de 2008 poco más de 8.000 hectáreas de islas del ejido y levantó imponentes terraplenes para proteger sembradíos de oleaginosas. El emprendimiento privado, que habría demandado una inversión de unos 3,5 millones de dólares, se montó sin autorización de la Municipalidad, pese a la existencia de dos normas que prohíben la actividad agrícola en esa zona. El emprendimiento se erigió ante los ojos del municipio, que no aplicó esas normas y delegó el caso a estamentos provinciales que no contaban con leyes de aplicación al respecto. Hubo intimaciones vanas, pedidos de informes y corrieron tiempos burocráticos que abonaron prolíficos cultivos. Estos florecen pese a que, legalmente, “lo prohibido no puede generar frutos”, remató Juárez en diálogo con La Capital.
Senado: proyecto de ley en estudio
La Cámara de Senadores sancionó el martes un proyecto de comunicación impulsado por el senador Carlos Garbelino (PJ-Victoria) por el que pide al Poder Ejecutivo que instruya “con carácter urgente” una comisión de monitoreo integrada por representantes de la Secretaría de la Producción, de la Dirección de Hidraúlica y de Medio Ambiente de la Provincia para que analice el impacto ambiental en la zona de islas de Victoria.
El texto, que ingresó a la sesión fuera de lista, apareció como una respuesta a la imposibilidad de avanzar con el proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados y que prohíbe la siembra en las islas, ya que en la tarde del martes la comisión de Producción, en una tensa reunión, desestimó la sanción definitiva del texto que propone el diputado Juan Carlos Almada (PJ), a pesar de que tenía tratamiento preferencial para la sesión, informó rencintonet.com.
La propuesta de Garbelino fue aprobada sobre tablas y al fundamentarla, el senador de Victoria advirtió que el proyecto de ley “tardará un tiempo” por lo que entendió necesario “avanzar en el análisis del impacto negativo de los laboreos en los suelos” de las islas de su Departamento.
El senador y jefe de la bancada peronista, Héctor Strasssera, agradeció la predisposición de Garbelino y confirmó que el texto que salió de Diputados “volverá a la comisión de Producción para darle un despacho que en 15 días no hemos podido hacer” dijo, revelando la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la propuesta que al día de hoy conserva poco y nada de su redacción original.
El proyecto en cuestión tiene por objeto evitar el daño que provocan los agroquímicos y para eso se prohíbe la práctica de la agricultura “en todas las islas existentes sobre el río Paraná y sus adyacentes, ubicadas dentro de la jurisdicción provincial en la zona del Delta entrerriano, de dominio público o privado”. Para eso, prohíbe la siembra de “trigo, maíz, soja, lino, arroz, girasol, sorgo y forraje para pasturas y todo otro tipo de semillas que conlleven el agregado de agroquímicos de efecto residual” y fija como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario.
Cambios. En caso de ser aprobada la ley sólo regiría en los departamentos Victoria, Diamante y Gualeguay, porque se decidió retirar a las islas pertenecientes a los departamentos Paraná, Islas del Ibicuy y La Paz.
Fuentes legislativas consultadas señalaron que el debate está en que “el tema central del desacuerdo es si se puede prohibir o no la agricultura en un predio privado”.
Fuente: UNO
