La presentación fue hecha el viernes ante el titular de la Fiscalía Nº 2, de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, y apunta contra Héctor Oscar Biassoti, domiciliado en la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires, a quien se acusa de haber usurpado “distintos inmuebles pertenecientes al dominio público del Estado Provincial”. El escrito resalta que el delito denunciado “es un delito permanente”, que no prescribe aún con el tiempo transcurrido desde la ocupación de los predios.
Y se apoya en la imposibilidad de enajenación de esas tierras de dominio público, al sostener que “los bienes públicos están fuera del comercio, y no pueden enajenarse sin previa licencia o autorización. Sin embargo, pueden ser dados en arrendamiento o percibir algún tipo de prestación para su uso, y ello no obstará a su carácter de bien o cosa integrante del dominio público”.
La presentación ante los tribunales de Gualeguay estuvo a cargo del abogado Julio Federik, quien fue expresamente contratado por el Gobierno, a través de la Fiscalía de Estado, para que represente los intereses de la Provincia en las demandas que se inicien contra los particulares que ocupan tierras fiscales en la zona del Delta. Para eso, el abogado percibe una remuneración mensual de 6.000 pesos, más IVA, por mes, por lo cual no cobra honorarios en los pleitos en los que toma parte.
El escrito, de ocho páginas, apunta a la ocupación irregular de siete lotes en Las Lechiguanas: los lotes Nº 1 y Nº 2, de 1.155 y 1.154 hectáreas, respectivamente, fueron ocupados por Biassoti en 1999 a partir de un contrato de pastoreo que firmó entonces con el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer), por un plazo de 12 meses. “Vencido el cual, se mantuvo ilegítimamente en el inmueble”, dice el escrito judicial.
El lote Nº 3, de 482 hectáreas, fue ocupado por Biassoti, con carácter de “clandestinidad”; lo mismo ocurrió con el Lote Nº 4, de 570 hectáreas; el Lote Nº 5, de 517 hectáreas; el Lote Nº 7, de 229 hectáreas; y el Lote Nº 9, de 588 hectáreas. “Biassoti ingresó al citado inmueble de manera oculta respecto del titular del bien jurídico protegido, facilitándose ello por las características propias del inmueble”, dice el escrito.
Y según destacó Federik, la presentación no fue azarosa, sino que sigue un patrón: se hará primero contra los ocupantes de las superficies de mayor envergadura en el Delta.
La batalla legal de la Provincia contra los particulares que usurpan desde hace décadas tierras de dominio público había sido anunciada el 16 de abril último por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, luego de un sobrevuelo por la zona de las islas del Delta.
Entonces, Rodríguez Signes fue más allá al anunciar que pediría también la anulación de los títulos de propiedad aprobados en los últimos años por la Dirección de Catastro y que se constituyeron en elementos clave para que los privados procuraran hacer valer supuestos derechos de propiedad sobre los lotes en cuestión.
La situación irregular ya había quedado al descubierto cuando el Gobierno buscó instrumentar el texto de la Ley Nº 9.603, de arrendamiento de tierras fiscales en el Delta. El artículo 4º de la norma fija taxativamente que los predios arrendados “deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas”.
Luego de que el Estado licitara en forma pública el otorgamiento para uso con fines ganaderos esas islas, se encontró que muchos predios ya estaban ocupados por particulares, y en muchos casos fue imposible desalojarlos, de modo que el arrendatario se quedó sin su lote.
En el Delta, la Provincia de Entre Ríos posee un total de 190 mil hectáreas, distribuidas en los departamentos Diamante (1.200 has), Victoria (132 mil has), Gualeguay (45 mil has), Islas (7.500 has), La Paz (1.800 has), Paraná (1.000 has) y Uruguay (1.500 has).
Pero según la Dirección de Administración de Tierras Fiscales de la Secretaría de la Producción de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, hay 50.507 hectáreas apropiadas por particulares en el departamento Victoria, y en el departamento Gualeguay, de dominio público son 45 mil hectáreas, aunque los privados se han apropiado, por un extraño mecanismo, de un volumen mayor, 58.500 hectáreas.
El dato
18 ES LA CANTIDAD DE JUICIOS
De parte de particulares que enfrenta el Estado. A través de los denominados juicios de usucapión, los privados procuran hacerse con la propiedad de tierras que, en realidad, corresponden al dominio público. En medio, hubo irregularidades: Catastro aceptó los planos de mensura que fueron presentando por décadas esos particulares, y con el certificado que otorgaba esa repartición, iban a Rentas, donde comenzaban a emitir las boletas de Impuesto Inmobiliario.
Fuente: El diario
